Tres destacados concejales de Salta presentaron sus renuncias a sus cargos, aduciendo bajos sueldos. ¿Cuánto están cobrando? Sus honorarios rondarían los 150.000 pesos, según informó el medio local El Tribuno.
La primera en tomar la decisión fue Alejandra Barrionuevo, concejala del municipio de General Güemes. La funcionaria, quien también trabaja en el hospital Joaquín Castellanos, expresó que para asumir sus funciones legislativas, se vio obligada a solicitar una licencia sin goce de haberes en su trabajo de varios años.
"Fue una decisión dolorosa, pero tengo una familia que mantener. Podría haber trabajado ad honorem, pero tampoco me lo permitieron", apuntó. Asimismo, aseveró que la significativa diferencia salarial entre ambas funciones como factor determinante en su renuncia.
Siguiendo la misma línea, Francisco Salcedo, también concejal de General Güemes, renunció alegando motivos similares. Aunque propuso desempeñarse como concejal ad honorem, argumentó que los horarios laborales le impedirían llevar a cabo una gestión eficiente. "Me duele no poder cumplir con la gente que me eligió con su voto", lamentó Salcedo.
El tercer concejal, Daniel Rallé, de Campo Santo, solicitó licencia para asumir como gerente general del Hospital Joaquín Castellanos. Según El Tribuno, es probable que también deba renunciar cuando inicien las sesiones ordinarias, ya que cada miembro del cuerpo legislativo debe contar con ingresos provenientes de una actividad privada. Esta situación ha generado preocupación sobre la viabilidad de los concejales para subsistir.
Ante esta crisis, Juampy Robles, presidente del Concejo de General Güemes, expresó: "Prácticamente, trabajamos ad honorem, pero la gente piensa que es nuestra obligación hacer asistencia. Nos piden constantemente dinero para medicamentos, alimentos, chapas o cualquier cosa que necesiten, cuando nosotros no podemos comprar medicamentos para nuestros propios hijos".
Esta situación revela un panorama crítico en los concejos salteños, donde la vocación de servicio se ve obstaculizada por la realidad económica de los concejales, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad de la participación política en estas circunstancias.
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