Los diputados impulsan el procedimiento constitucional de juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional contra el presidente de la Nación, Javier Milei, debido a “graves hechos que configuran causales de responsabilidad política por mal desempeño y/o eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Los legisladores entienden que el juicio político es la herramienta constitucional que procede cuando existe una causa de responsabilidad contra el presidente de la Nación. En ese sentido, expresan que es fundamental que se lleve a cabo una investigación en el marco de la Comisión de Juicio Político, que es el órgano facultado para investigar y dictaminar, en el ámbito de la Cámara de Diputados una vez que se hayan reunido los elementos de prueba suficientes.
El escrito considera que “el juicio político es un procedimiento en el que se juzgan culpas políticas a tenor del impacto que en la comunidad produce la inconducta del enjuiciado.
“No es un juicio penal, porque más que un instrumento de justicia se lo sostiene como herramienta que garantiza el control de la actividad de gobierno”, señalan los legisladores del bloque que encabeza Germán Martínez.
Expresan en el documento que “el juicio político es el mecanismo constitucional previsto para estos casos, y su implementación es crucial para restaurar la confianza en las instituciones democráticas. La ciudadanía argentina merece respuestas claras y acciones concretas para evitar que funcionarios públicos utilicen su investidura para favorecer intereses privados en perjuicio del interés general”.
Además, la presentación determina que “las responsabilidades de quien detenta la jefatura del Estado conllevan el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. “Cualquier conducta que desvíe el ejercicio de sus funciones hacia fines ajenos a la gestión pública constituye un quebrantamiento de los deberes inherentes a su cargo y, en consecuencia, un fundamento válido para su enjuiciamiento político”, sostienen.
Taiano abrió la investigación
l fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en la investigación sobre la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, con el objetivo de determinar las circunstancias de su desarrollo y la participación de los imputados, entre ellos el presidente Javier Milei.
El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
Tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la jueza María Romilda Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
En el marco de la pesquisa, y ante la urgencia del caso, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.
Asimismo, se solicitaron informes a distintos organismos públicos y privados vinculados con la investigación, mientras se evalúan nuevas medidas que podrían adoptarse en los próximos días para esclarecer los hechos denunciados.
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