En medio de un plenario cargado de tensión política y cruces entre oficialismo y oposición, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales avanzaron con la modificación de la Ley de Glaciares. El proyecto obtuvo dictamen y quedó listo para ser tratado este miércoles desde las 15 en la Cámara de Diputados.
El oficialismo logró reunir las firmas necesarias para avanzar, alcanzando un total de 37 adhesiones. La mayoría correspondió a legisladores de La Libertad Avanza, acompañados por diputados del PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales como Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. En paralelo, la oposición presentó tres dictámenes que fueron rechazados rechazo: uno impulsado por Unión por la Patria, otro por el interbloque Provincias Unidas y un tercero por la Coalición Cívica.
De cara a la votación en el recinto, el oficialismo se muestra confiado en alcanzar los votos necesarios para la aprobación. Incluso, desde sectores opositores estiman que el proyecto podría reunir alrededor de 140 votos, producto de acuerdos con aliados circunstanciales, entre ellos legisladores peronistas de provincias cordilleranas con fuerte presencia de la actividad minera.
Sobre el proyecto
La iniciativa propone modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, con el objetivo de redefinir el alcance de las zonas protegidas. En concreto, busca habilitar tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que no cumplan con una función hídrica comprobable.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue debatido en Diputados mediante un cronograma de comisiones que incluyó audiencias públicas. Estas instancias, sin embargo, generaron cuestionamientos por su formato acotado, ya que miles de inscriptos no pudieron exponer de manera presencial y debieron enviar sus aportes por escrito o en formato audiovisual.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciares. Además, se propone transferir mayores facultades a las provincias para que definan qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden ser utilizadas con fines productivos, reduciendo así la intervención del Estado nacional.
Desde la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que esta modificación podría poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. En cambio, el oficialismo sostiene que la iniciativa introduce criterios más precisos, diferenciando entre formaciones periglaciares con función hídrica y aquellas que no la poseen.
La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares. Con la reforma, se mantiene la protección sobre los glaciares, pero se abre la posibilidad de desarrollar proyectos productivos en zonas que no sean consideradas reservas hídricas. La definición final quedará en manos de la Cámara de Diputados este miércoles.
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