Según confirmó el asesor legal del Ejecutivo, Dr. Pedro Goyochea, la medida contempla asesoramiento, asistencia y eventual representación legal gratuita a los afectados.
"El gobernador instruyó a Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno y a la Dirección de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo, para articular este mecanismo provincial frente a las intimaciones masivas realizadas por el gobierno nacional", explicó Goyochea. De acuerdo con los datos preliminares, en La Rioja se enviaron alrededor de 6.000 intimaciones, distribuidas en los 18 departamentos.
La situación ha generado alarma e incertidumbre en miles de beneficiarios que, en muchos casos, no cuentan con medios económicos ni físicos para afrontar el proceso exigido desde Nación. "Estas medidas vulneran directamente a personas que cobran apenas 270.000 pesos mensuales, a quienes ahora se les exige que presenten documentación o se sometan a auditorías, muchas veces sin poder trasladarse o afrontar gastos legales", señaló el funcionario.
El marco legal de estas acciones es el decreto 843 firmado por el presidente Javier Milei, que establece auditorías de carácter general sobre las pensiones por discapacidad. Sin embargo, desde la administración provincial cuestionan el modo en que se están ejecutando: “El gobierno nacional actúa con crueldad institucional. Lo que debería ser un control razonable se transforma en una política de violencia hacia los más vulnerables”, afirmó Goyochea.
El dispositivo de atención funcionará en la Dirección General de Discapacidad, ubicada en el Centro Administrativo Provincial, donde se concentrarán los equipos legales y sociales que brindarán el acompañamiento necesario. Además, se prevé la participación activa de municipios de toda la provincia para garantizar una cobertura territorial efectiva.
"La provincia no puede quedarse de brazos cruzados mientras se desprotege a las personas con discapacidad. Vamos a estar presentes para defender sus derechos", concluyó el asesor legal.
Comentarios