En medio de la tensión con el gremio de estatales por su decisión de desvincular a miles de trabajadores del Estado, se conoció cuál es la cifra de empleados públicos que el Ejecutivo estableció como tope máximo para 2024. En la ampliación del Presupuesto vigente, publicada vía DNU este miércoles, quedó fijado un total de 384.711, lo que supera en 14.416 a los establecidos en el texto original de 2023.
En uno de los anexos que acompañan el DNU 280 por el que se amplió el Presupuesto, se especifica la cantidad de empleados públicos con los que puede llegar a contar el Estado para este año. TN no obtuvo respuesta cuando consultó en distintas dependencias del Gobierno las razones para haber establecido ese número, por encima de varios indicadores, incluso las últimas cifras de dotación de personal estatal que difundió esta semana el Indec.
El anexo 2 del DNU explicita que el total de empleados de la Administración Central puede llegar a 300.535 (290.104 en planta permanente y 10.431 temporarios), mientras los organismos descentralizados están autorizados a cubrir 61.766 cargos (60.607 de planta permanente y 1159 temporarios), mientras las instituciones de Seguridad Social llegan a 14.073 (14.050 de planta permanente y 23 temporarios).
“En este contexto, es pertinente determinar el total de cargos y horas cátedra para las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, así como otorgar la facultad al señor jefe de Gabinete de ministros para atender situaciones excepcionales durante el desarrollo del ejercicio fiscal 2024. Es preciso establecer disposiciones respecto a la cobertura de cargos vacantes de la Administración Nacional”, señala uno de los considerandos del decreto.
Se trata de un número que por el mismo texto de decreto no pueden excederse salvo por una decisión de “la Jefatura de Gabinete, mediante decisión fundada y con la previa intervención de la Secretaría de Hacienda, en el marco de las necesidades de dotaciones que surjan de la aprobación de las estructuras organizativas de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, como también de las que resulten necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados”, sostiene el decreto.
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