Volvieron a respaldar el juicio político los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco); la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), liderada por Sergio Palazzo; el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), encabezado por Pablo Moyano; la CTA de los Trabajadores, a cargo de Hugo Yasky; la CTA Autónoma, encabezada por Hugo Godoy; el secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Mario Manrique; y los diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés y Marcos Cleri.
“A la Corte se le inicia juicio político por haber violado la división de poderes, cosa que hizo de manera obvia, flagrante, e inédita en la historia”, explicó Kicillof en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación y sostuvo que “es una presentación formal, hecha por canales institucionales, cumpliendo con la presentación formal, cumpliendo con la Constitución”.
Por su parte Capitanich, volvió a pronunciarse a favor del juicio político a los integrantes del máximo tribunal y advirtió que “las corporaciones de base económica se han apropiado del Poder Judicial”.
Respaldo sindical
Por otro lado, la CFT, el Fresimona y las dos CTA respaldaron el juicio político a los jueces de la Corte en un comunicado conjunto en el que manifestaron que “la arbitraria e ilegal sentencia a favor de la ciudad de Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder”.
Asimismo, afirmaron en el texto que a ese fallo “se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas”.
Proscripción y Colonización
El diputado nacional de FdT y y titular de la CTA, Hugo Yasky, consideró que el movimiento popular debe apoyar y reclamar que “el juicio político a los miembros de la Corte vaya a fondo” y en declaraciones a la radio FutuRock dijo que “hay que terminar no solamente con la proscripción política, que es una consecuencia de una especie de colonización que han hecho los sectores del poder concentrado en la Justicia”.
A su vez, el secretario adjunto de Smata, Mario Manrique, en declaraciones a la radio AM750, respaldó el juicio político a la Corte al considerar que sus integrantes deben “rendir cuentas de sus actos ante el pueblo argentino porque actúan como una asociación ilícita”, y aseguró que “todos los sectores del movimiento obrero” apoyarán ese proceso.
Decisión inconsulta
El diputado Valdés, en tanto, aseguró en declaraciones a radio La Red que: “Nosotros tenemos los elementos para pedir el juicio político a la Corte. Antes de fallar sobre la coparticipación para CABA no fueron convocadas las provincias para dar sus opiniones” y consideró que “eso es algo grave por parte de la Corte”, agregó: “Y luego tenemos la sentencia del Consejo de la Magistratura, un caso en el cual resucitaron una ley que estaba derogada por el Congreso de la Nación”, señaló Valdés en esa línea.
Por último, el diputado Cleri, que integra la Comisión de Juicio Político, afirmó que ese proceso busca “la protección de los intereses públicos” ante “un poder que hace cosas incompatibles con sus funciones” y aseguró que “todos los que han presentado denuncias deberán presentarse para validarlas, oficialistas y opositores, y se definirá en ese momento la agenda de trabajo”.
Fuerte respaldo para Quintela
El Juzgado Federal de La Rioja manifestó qué hay elementos suficientes para entender que podrían haberse cometido graves delitos por parte de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del gobierno de la CABA.
En el marco de la denuncia presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en contra de Silvio Robles, director general de Vocalía de la Corte Suprema de Justicia y señalado como colaborador directo del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti; y de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la resolución de la justicia federal con asiento en La Rioja indica que “…los hechos denunciados revelan la posible comisión de conductas delictivas de gravedad institucional, que involucran a altos funcionarios de los diferentes Poderes del Estado, por lo que se impone indiscutiblemente la necesidad de instar la investigación a los fines de deslindar la responsabilidad penal que le cabría a los denunciados…”.
Asimismo en base al principio de territorialidad penal se remitió las actuaciones al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser el lugar donde se cometieron los delitos denunciados.
Como se recordará, la denuncia fue realizada el pasado 5 de enero por considerar a Robles y D’Alessandro como posibles responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.
La nota hace hincapié en dos tipos de delitos: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público, y también se denunció el tráfico de influencias. La denuncia finalizaba con pruebas, una solicitud de allanamiento y solicitaba el secuestro de los teléfonos celulares para que sean peritados y poder reconstruir la información.
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