Pocos días atrás, el presidente Alberto Fernández se refirió a la suba de precios en la Argentina con una frase muy particular: “Gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente”. Sin embargo, es el propio Gobierno el que sufre las consecuencias de no poder domar este flagelo.
De cara a las elecciones presidenciales 2023, el Ministerio del Interior comenzó a adjudicar diversos procesos de compra para hacerse de los materiales necesarios para llevar adelante los comicios y sufre los efectos de la inflación al pagar en algunos casos subas de hasta 170% respecto a las contrataciones realizadas en 2021 para las elecciones legislativas.
A esto se suma que el Estado no podrá ahorrar este año unos $6 mil millones en impresión de papel al no implementar la Boleta Única, un proyecto que tiene media sanción en Diputados, pero que Cristina Kirchner se niega a tratar y está paralizado en el Senado.
De esta forma, y con un presupuesto de $55 mil millones, Interior se prepara para gastar más de $3 mil millones solo en sobres, útiles y dos acuerdos con el Congreso y la Casa de la Moneda, según un análisis del sitio de contrataciones del Estado COMPR.AR.
Para la impresión de unos 50 millones de padrones electorales, el Gobierno firmó un convenio interadministrativo con la Casa de la Moneda, que además proveerá 2.175.000 fajas de seguridad y 650 servicios de copiado de DVD, a cambio de un total de $942.134.800. La orden de compra se emitió el 24 de enero pasado.
Ese mismo convenio se firmó en 2021, pero a cambio de $348 millones, es decir, un 170% menos que en la actualidad. En aquel entonces se requirieron unos 7 millones menos de impresiones y se requirieron 1.462.000 fajas de seguridad.
A su vez, Interior contrató los servicios de la imprenta del Congreso de la Nación para la entrega de materiales impresos para ser utilizados en las elecciones. La contratación, que está “pendiente de adjudicación”, es decir, que ya están dadas las condiciones para que se lleve adelante el proceso de compra, es por $272.931.263, un 433% más que lo firmado para las elecciones presidenciales de 2019, cuando por el mismo servicio se pagaron $51.367.950.
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