La justicia ordenó este jueves allanar las oficinas de la Secretaría de Niñez, del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, por la causa que investiga la retención de 6 mil toneladas de alimentos.
Por orden del juez Sebastián Casanello, se avanzó con la adquisición de computadoras y documentación para conocer la logística, stock y fechas de entrega de los productos señalados.
La causa se inició por una denuncia penal que el dirigente social Juan Grabois presentó contra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios.
Qué se encontró en el allanamiento a Capital Humano
Según Infobae, entre los elementos obtenidos se encuentran el back up de la computadora asignada al Director de Logística del Ministerio de Capital Humano y las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo.
También encontraron los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos, las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios.
Qué dijo Capital Humanos de la retención de alimentos
La cartera que dirige Sandra Pettovello intentó acusar al Poder Judicial de entrometerse en las delegaciones del Poder Ejecutivo con la apelación hoy despejada.
A fines de julio, el juez federal Martín Cormick rechazó la última apelación presentada por el ministerio de Capital Humano y lo intimó a que distribuya los alimentos retenidos en depósitos. De esta manera, la cartera que dirige Sandra Pettovello tenía que restituir el servicio a comedores y merenderos populares en un plazo máximo de 48 horas.
El ministerio de Capital Humano había apelado al fallo del juez Martín Cormick que había exigido un informe que detalle cómo iba a garantizar el Gobierno la entrega de alimentos depositados a los comedores, en un plazo de 48 horas, pero finalmente fue rechazada por el magistrado.
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