La Legislatura de La Rioja avanza en la elaboración de un nuevo Código Contravencional, con el objetivo de sustituir la normativa vigente, heredada de la última dictadura militar, antes de que termine el año.
La diputada Lourdes Ortiz confirmó en RiojaVirtual que el proyecto ya forma parte de la agenda parlamentaria y que la meta es dotar a la provincia de una herramienta jurídica actualizada.
Un trabajo de síntesis entre varios proyectos
Según explicó la legisladora, la iniciativa no parte de cero, sino que busca articular distintas propuestas que ya circulaban en la Cámara. “Hay un proyecto del Ejecutivo en el marco del paquete de reformas, está incluido un proyecto sobre un nuevo código, hay proyectos de etapas anteriores. La tarea que estamos haciendo desde Legislación es la revisión de los proyectos, ver los aportes de los proyectos anteriores, la vocación es poder incluir todo en un solo cuerpo que será el futuro código de convivencia”, sostuvo Ortiz.
La diputada fue clara respecto al sentido de la reforma: se busca reemplazar el actual Código Contravencional, una legislación sancionada y promulgada el 5 de septiembre de 1983 y publicada el 23 de septiembre de ese mismo año, apenas dos meses antes del retorno de la democracia, ocurrido el 10 de diciembre de 1983.
Ortiz detalló que el proceso de elaboración incluye pedidos de información a los organismos que tendrán a cargo la aplicación del futuro código. “Venimos pidiendo informes a los diferentes organismos que hacen a la operatividad como la Policía, el Ministerio de Seguridad y la Justicia. Tenemos que tener seguridad de que se podría aplicar. Nos está llevando tiempo el estudio”, agregó.
La legisladora remarcó que no habrá una sanción a corto plazo, aunque sí un horizonte temporal definido. “No será en el corto plazo la sanción, pero si aspiramos que logramos confluir en la operatividad y el financiamiento, esperamos a fin de año tenerlo sancionado”, señaló Ortiz.
El tratamiento del proyecto incluirá el análisis de distintos sectores vinculados al ámbito judicial, jurídico y legislativo, con el fin de consensuar un texto que actualice tanto las faltas contravencionales como los procedimientos para aplicarlas.
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