El dato surge de un informe de la consultora Politikon Chaco y expone con claridad el fuerte control que ejerció la administración de Javier Milei sobre estos recursos, que forman parte del superávit fiscal que la Casa Rosada exhibe como uno de los principales logros de gestión.
Según el relevamiento elaborado en base de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el Fondo de ATN acumuló a lo largo del año $948.036 millones, integrados por un porcentaje de la masa coparticipable, del impuesto a las Ganancias y un aporte fijo previsto en la Ley de Coparticipación Federal. Sin embargo, solo se distribuyeron $207.500 millones entre 15 provincias, lo que representa una ejecución del 21,9%. El resto –$740.536 millones– quedó sin asignar y pasó a engrosar el resultado fiscal nacional.
El nivel de ejecución fue mayor al de 2024, cuando apenas se repartió el 7,3% del fondo, pero quedó muy por debajo de 2023, año en el que se había distribuido el 77,6% de los ATN. La comparación refuerza el cambio de criterio aplicado por el actual Gobierno, que redujo al mínimo el uso de esta herramienta, tradicionalmente empleada para atender emergencias financieras provinciales.
Provincias que recibieron ATN
Durante 2025, Misiones recibió $19.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También percibieron fondos Tucumán ($20.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Chaco ($11.000 millones), Chubut ($9.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). En el acumulado anual, Tucumán fue la provincia más beneficiada, con un total de $35.000 millones.
Provincias que no recibieron ATN
De las 24 jurisdicciones, nueve no recibieron un solo peso en concepto de ATN a lo largo del año pasado: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Diciembre, mes de más distribución
Según el informe de la consultora Politikon Chaco, durante diciembre se distribuyeron aproximadamente $76.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representó el 86,4% de la recaudación mensual del fondo. No obstante, la mayor parte de esos recursos quedó concentrada en un grupo reducido de provincias.
El relevamiento señala que las principales beneficiarias fueron siete jurisdicciones cuyos legisladores acompañaron la sanción del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación. La provincia de Tucumán fue la más favorecida, con transferencias por 20 mil millones de pesos; seguida por Misiones, que recibió 12 mil millones; y Chaco, con giros por 11 mil millones de pesos.
También recibieron fondos Catamarca, por 10 mil millones; Chubut, por 9.500 millones; Entre Ríos, por 7 mil millones; y Salta, por 6 mil millones. Se trata de provincias gobernadas por distintos signos políticos, entre ellas Catamarca, a cargo de Raúl Jalil; Chubut, gobernada por Ignacio Torres; Entre Ríos, por Rogelio Frigerio; y Salta, por Gustavo Sáenz.
El informe advierte además sobre el bajo nivel de ejecución del fondo ATN a lo largo del año. En enero del año pasado se ejecutó apenas el 9% de los recursos disponibles; en febrero, el 26%; en marzo, el 28%; en abril y mayo, el 24%; en junio, el 12%; en julio, el 13%; en agosto, el 4%; en septiembre, el 18%; en octubre, el 15%; mientras que en noviembre no se registraron transferencias. En ese marco, el estudio estima que 2025 cerró con una ejecución promedio del 22% de los fondos destinados a ATN.
Una ley que espera
La ley de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por gobernadores y aprobada por el Congreso, buscaba modificar el actual esquema discrecional de reparto y convertir esos fondos en transferencias automáticas y periódicas para las provincias, incorporándolos al sistema de coparticipación federal.
El presidente Javier Milei vetó la norma al considerar que afectaba el equilibrio fiscal y la potestad del Ejecutivo nacional sobre esos recursos. Si bien el Senado rechazó el veto en septiembre, la iniciativa aún no está vigente y continúa a la espera de su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría especial para insistir con la ley y dejar sin efecto la decisión presidencial.
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