La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, prorrogar al menos 60 días el vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares que las pymes mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La Resolución General N° 17/2024 del Ministerio de Economía y la Resolución General N° 5482/2024 de la AFIP disponían la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares –hasta el 31 de julio– para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa.
Aún no se reglamentó la Ley 27.743 “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, en la que establece un régimen de regularización de deudas vencidas al 31/03/2024 y que también posibilitará la regularización de deudas pasibles de ejecución fiscal.
El pedido de CAME se enmarca en un período de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, con impacto sobre la capacidad de pago de las pymes.
En este contexto, la entidad advirtió que será difícil la regularización de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación extra de ahogo financiero.
Menos puestos de trabajo
Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, más de 137.000 asalariados formales perdieron su puesto de trabajo como consecuencia de la recesión. Asimismo, los salarios reales no logran recuperar la pérdida por la devaluación de fin del año pasado, pese a leve mejora en abril.
Según datos que surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), casi 112.000 de esas personas que se quedaron sin su fuente de ingresos trabajaban en el sector privado, mientras que otras 25.000 estaban registradas en el Estado.
También se verificaron caídas en el empleo de trabajadoras de casas particulares y trabajadores independientes con monotributo social. Por el contrario, solo se vieron incrementos en los segmentos de monotributistas y autónomos.
Estos números reflejan el deterioro del mercado de trabajo argentino, que ahora no solo muestra un crecimiento de la informalidad, sino también un mayor desempleo y una desprotección hacia los sectores vulnerables.
En cuanto al registro de abril, se verificaron casi 13.000 puestos de trabajo menos entre los asalariados del sector privado, y 3.200 empleos menos en el sector público.
Desempleo, en máximos desde la pandemia
De acuerdo con los últimos datos del INDEC, correspondientes al primer trimestre, el desempleo trepó al 7,7%, tratándose así de la cifra más elevada desde 2021, cuando la economía estaba todavía afectada por los efectos de la pandemia de Covid-19.
La cantidad de desocupados llegó a 1.731.000 individuos entre enero y marzo, lo cual implicó un aumento de 180.000 personas en comparación con el mismo período del año pasado.
En paralelo, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 29,5% de la Población Económicamente Activa (PEA), dejando un incremento interanual de 2,6 puntos porcentuales.
El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, anticipó que los números van a seguir empeorando, si se tiene en cuenta que la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo anticipa una pérdida de al menos 20.000 puestos formales para mayo.
“Visité muchas empresas en el último tiempo. Es una olla a presión; hay un montón de pymes que adelantaron vacaciones, suspendieron personal, recortaron horas extra, todos mecanismos previos a la ruptura de la relación laboral”.
Salarios en caída
Las estadísticas del SIPA indicaron que los salarios reales de los asalariados formales del sector privado mejoraron 5,2% en abril. Aun así, desde noviembre acumulan una contracción del 4,7%.
Cabe aclarar además que dicho segmento de trabajadores es el más estable de la economía en este contexto. Los sueldos de los empleados públicos y de los trabajadores informales (para los cuales el SIPA no da información) atraviesan una peor situación.
Salarios: RIPTE de mayo
Por otra parte, la Secretaría de Trabajo también dio a conocer la evolución que tuvo en mayo la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La misma dio un incremento nominal del 7,3%, superior al 4,2% de inflación que hubo en dicho mes.
No obstante, los especialistas coinciden en que actualmente este no es el mejor indicador para evaluar la dinámica de los ingresos de la población, ya que no se basa en datos concretos de salarios, sino en los aportes realizados para el sistema previsional.
“Dado que en mayo el incremento de la base imponible máxima fue de 11%, es de presumir que buena parte del incremento nominal del RIPTE esté explicado por el aumento del tope, y no por un incremento de los salarios en su conjunto”, explicaron desde el CEPA.
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