La norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, establece medidas como la actualización de pensiones por discapacidad y los haberes de los prestadores. Sin embargo, el Gobierno sostiene que aplicarla implicaría un gasto adicional de más de 3 billones de pesos en 2025, equivalente al 0,35% del PBI.
En el decreto, tras promulgar la ley en el artículo 1°, se aclara en el artículo 2 que su implementación queda condicionada a que el Congreso incluya las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Es decir, aunque la ley ya está vigente, el Ejecutivo no la aplicará hasta que se determine el origen de los fondos.
Según los considerandos del Decreto 681/25, la decisión se ampara en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige especificar las fuentes de financiamiento para cualquier gasto no previsto en el presupuesto. Desde el Gobierno argumentaron que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente cómo se financiarán las erogaciones” y subrayaron que cualquier ampliación de prestaciones debe garantizar viabilidad financiera y sustentabilidad en el tiempo.
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