La Inspección General de Justicia de La Rioja dispuso la inscripción registral de las autoridades del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora del Banco Rioja S.A.U., según una disposición publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
La resolución registra oficialmente lo resuelto durante la Asamblea General Ordinaria Nº 72 de la entidad, celebrada a fines de abril, y deja establecida la composición de sus órganos de conducción y fiscalización.
Quiénes integran el Directorio del Banco Rioja
La presidencia del Directorio continuará a cargo del contador Federico Ranulfo Bazán, quien también se desempeña como ministro de Trabajo, Empleo e Industria del Gobierno provincial.
De esta manera, la estructura directiva mantiene a Bazán al frente de la institución financiera provincial, junto con los otros dos integrantes titulares designados en la asamblea.
Ricardo Guerra se incorpora a la Comisión Fiscalizadora
La asamblea también definió la integración de la Comisión Fiscalizadora, el órgano encargado del control de la sociedad y de la supervisión de los aspectos legales y contables de su funcionamiento.
La presidencia quedó en manos del abogado Fernando Javier Castro López. Como vocales titulares fueron designados el contador Ricardo Antonio Guerra, actual senador nacional y exministro de Hacienda de La Rioja, y la contadora Daniela Adriana Rodríguez.
La incorporación de Guerra constituye uno de los nombres destacados de la nueva conformación del órgano de control, que tendrá entre sus responsabilidades la fiscalización de la gestión de la entidad.
El Banco Rioja y su participación en las finanzas provinciales
El Banco Rioja S.A.U. es una entidad financiera cuyo capital accionario pertenece íntegramente al Estado provincial. Su actividad está vinculada a la operatoria financiera del Gobierno riojano y a la prestación de servicios bancarios para distintos sectores de la economía local.
Entre sus funciones se encuentran los servicios relacionados con el pago de haberes de empleados públicos, la operatoria de cuentas oficiales y las herramientas de financiamiento destinadas a actividades comerciales y productivas.
Con la inscripción dispuesta por la Inspección General de Justicia, quedaron formalizadas en los registros provinciales las autoridades correspondientes a la conducción y fiscalización de la entidad, de acuerdo con lo resuelto en la asamblea de accionistas.
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