Agregando que “nadie puede dudar la utilidad de este registro como herramienta clave para mejorar la investigación de delitos penales; pero lo que pretendía el Ejecutivo era constituirlo en una especie de mapeo genético de toda la sociedad argentina, avasallando derechos individuales y garantías contempladas en la Constitución Nacional”.
El proyecto original enviado por el Ejecutivo establecía el traspaso del Registro Nacional de Datos Genéticos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad; la extracción de muestras obligatorias, compulsivas en cualquier tipo de delitos sin definir prioridades en materia de política criminal, sin una lógica presupuestaria; la designación sin concurso ni criterios previos de la persona que se haga cargo de la comisión o directorio de huellas genéticas y la imposición de reemplazar el software gratuito nacional por un software extranjero del FBI.
A partir de los aportes realizados por el bloque de Unión por la Patria se acordó que el Registro Nacional continúe bajo la órbita del Ministerio de Justicia; además de clarificar qué magistrados y funcionarios pueden solicitar la incorporación de los perfiles genéticos, aportando claridad a la normativa vigente y también clarificar en qué casos, quienes se encuentran condenados con sentencia firme, serían sometidos a los exámenes pertinentes.
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