La letrada argumentó que el candidato no cumple con lo estipulado en el artículo 112 de la Constitución Provincial, que exige dos años de residencia inmediata y efectiva en el departamento que se pretende representar. Según registros oficiales, Bordagaray habría tenido domicilio en 2018 en Chilecito, en 2024 en Famatina y recién en agosto de este año realizó el cambio a Capital. Para Olivera, esta modificación responde a un intento de subsanar a último momento una incompatibilidad que lo inhabilitaría como candidato.
La presentación también sostiene que el cargo de ministro no puede ser utilizado como prueba de residencia, ya que se trata de una función de alcance provincial y no específica de un distrito. Olivera subrayó la diferencia entre domicilio y residencia: el primero es un dato formal, mientras que el segundo implica un vínculo real con la comunidad, que es lo que exige la norma constitucional.
De acuerdo con el padrón electoral, Bordagaray aún figura como votante en Famatina, lo que refuerza la falta de residencia en Capital. La abogada citó jurisprudencia conocida como el “fallo BUPI”, que obliga al Tribunal Electoral a realizar un control estricto de los requisitos de elegibilidad de los candidatos.
Olivera aseguró que el objetivo de la impugnación es garantizar transparencia en el proceso electoral y dar a los ciudadanos certezas sobre las condiciones de quienes se postulan. Anticipó que, si el planteo no prospera a nivel local, recurrirá a instancias superiores.
Fuente: Radio La Red
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