El gobernador Ricardo Quintela confirmó que los estatales riojanos no tendrán aumento o bono al menos en lo que resta de este año en curso que ya termina.
En ese contexto, fue contundente al advertir que “es imposible” por la situación económica que vive la provincia y lo ató directamente a la “deuda de más de mil millones de dólares” que “tiene Nación con la provincia” en concepto de fondos extracoparticipables y cuya cuestión está judicializada.
“Eso para nosotros es imposible, nos están debiendo más de mil millones de dólares en una provincia que como dice el diputado Sergio Casas no es pobre sino que la empobrecieron durante siglos y la siguen empobreciendo actualmente. Por más que querramos, no somos magos, no tenemos los recursos para dar el incremento y de hecho tenemos inconvenientes para pagar los salarios del sector público, el motorcito de nuestra economía”, indicó Quintela en Radio Memoria.
Adujo el mandatario que “no es algo de nuestra provincia, sino que está pasando en todo el Norte argentino. Estamos impedidos fácticamente de poder aumentar a los estatales”.
Sin embargo, el titular de la Casa de las Tejas pidió reconocer que “mientras Nación acordaba con los gremios aumentos del 1%, nosotros aumentamos el 16%. Más de eso no podemos hacer”.
También Quintela habló sobre los cambios de gabinete que podría tener su gobierno, luego de pedirle la renuncia a todos sus miembros: “me tomaré el tiempo que yo preciso para hacerlo”.
El reclamo a la Nación
Cabe recordar que en febrero de 2024, el Estado riojano acudió a la Corte Suprema por los fondos extra.
Con la representación legal del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el exsenador Jorge Yoma, la provincia de La Rioja acudió a la Corte Suprema de Justicia para reclamar al gobierno nacional el pago de 56.300 millones de pesos de ese entonces, más su actualización según el Índice de Precios al Consumidor, correspondientes a una supuesta deuda por coparticipación correspondiente a 2023 y 2024. Además, de ese monto pidió a través de una medida cautelar que le sean embargados al gobierno nacional 9.300 millones de pesos.
Fondos millonarios
Firmada por el mandatario provincial, la presentación exige que la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiera a La Rioja “9.300.000.000 debidamente actualizados por el Índice de precios al consumidor (IPC) previstos por el artículo 83 de la ley 27.701 correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023, como así también, 47.000.000.000 debidamente actualizados por el IPC mediante el sistema de ‘goteo diario de fondos coparticipables’, o bien en doce cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024.”
El reclamo recuerda que en 1988 se sancionó la ley 23.548 mediante la cual se estableció el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la nación y las provincias, conocido como “coparticipación federal”.
“En las negociaciones que precedieron a la sanción de la ley, que están reflejadas en los porcentajes receptados por el artículo 4, cada provincia estuvo representada por sus ministros de Hacienda o Gobierno. En dicha ocasión, la Provincia de la Rioja sufrió una injustificada reducción del porcentaje de un punto de coparticipación federal, la cual podría ser encuadrada en la categoría de ‘verdadero despojo’ al sustraerle casi el 50% de sus ingresos.”
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