El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, manifestó un respaldo general al proyecto de reforma laboral que será debatido en el Congreso en febrero, aunque advirtió sobre la necesidad de introducir cambios en artículos puntuales que, según planteó, podrían afectar a las pequeñas y medianas empresas.
Desde la entidad aclararon que el acompañamiento no es acrítico. “Hace muchos años venimos sosteniendo que era necesaria una actualización tanto de la ley laboral como de los convenios”, señaló el vocero de CAME, Salvador Femenia, en diálogo con Perfil.
En ese sentido, remarcó que varias de las modificaciones propuestas formalizan prácticas que ya existen en el día a día del sector pyme.
Femenia explicó que situaciones como las horas extras o el fraccionamiento de las vacaciones ya se aplican en muchos casos, incluso a pedido de los propios trabajadores. “Las pymes no tenemos la estructura de las grandes empresas. El vínculo con los empleados es más directo y muchas veces se llega a acuerdos que benefician a ambas partes, aunque la ley vigente no los contemplaba”, sostuvo.
No obstante, desde CAME subrayaron que el debate debe darse con cautela para evitar generar inestabilidad o mayor conflictividad. “En términos generales estamos de acuerdo con la reforma, pero hay aspectos que deben discutirse para que no terminen perjudicando al entramado productivo más chico”, concluyó.
Cuestionamientos
De los 180 artículos que propone el proyecto enviado por el Gobierno, la CAME identificó como especialmente sensibles los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 del proyecto de reforma laboral. En particular, expresó reparos sobre la modificación vinculada a la ultraactividad de los convenios colectivos, prevista en el artículo 126.
Desde la entidad advirtieron que la limitación propuesta podría tener un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con la misma capacidad de negociación ni estructura que las grandes industrias. En ese sentido, señalaron que el cambio profundizaría las asimetrías dentro del sistema productivo y podría generar mayores dificultades para el sector pyme que representa la Confederación.
El cuestionamiento central recae sobre el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas, excluyendo las obligacionales.
Para la CAME, esta modificación entra en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, al debilitar la continuidad de acuerdos que hoy funcionan como contención de conflictos.
Otro punto sensible es el artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios para las entidades empresarias, pero mantiene los de las organizaciones sindicales. Desde la entidad pyme sostienen que esta diferencia implica un trato inequitativo y discriminatorio, que podría debilitar la representación empresarial y romper el equilibrio entre las partes en la negociación colectiva.
Las objeciones se extienden también a los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad. A juicio de la CAME, esta modificación fragmentaría el marco normativo de las actividades económicas y habilitaría diferencias salariales difíciles de justificar, vulnerando el principio de igual remuneración por igual tarea.
Finalmente, la entidad cuestionó el artículo 132, que faculta al Estado a suspender convenios colectivos por razones amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Para la CAME, se trata de una discrecionalidad excesiva que suma incertidumbre al sistema laboral. Mientras el Gobierno busca aprobar la ley que llama “de Modernización Laboral” el próximo 11 de febrero en el Senado, las objeciones del sector pyme se suman a las presiones sindicales y a las preocupaciones de los gobernadores por el impacto fiscal de la iniciativa.
El Gobierno busca consensos
El Gobierno nacional profundiza las negociaciones políticas y sectoriales para avanzar con la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias del Congreso, ya convocadas entre el 2 y el 27 de febrero. Con ese objetivo, se conformó una comisión técnica en el Senado que comenzó a analizar posibles modificaciones al proyecto y a mantener reuniones con cámaras empresariales.
Desde el oficialismo aclararon que no se emitirá un nuevo dictamen en comisión: en caso de aceptarse los cambios propuestos por la Confederación General del Trabajo (CGT) y los empresarios, estos serán debatidos directamente en el recinto a partir del 10 de febrero.
La CGT, por su parte, desplegará una estrategia doble: Mientras negocia con el Gobierno para atenuar el alcance de la reforma, dos de sus cotitulares (Jorge Sola y Cristian Jerónimo) iniciarán una gira por distintas provincias para dialogar con gobernadores y pedirles que no acompañen el proyecto en su redacción actual. En una primera etapa visitarán Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, y luego se trasladarán a Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Comentarios