Jornada histórica. Por primera vez desde 2003, el Congreso de la Nación voltea un veto presidencial. En este caso, el de la Ley de Emergencia a Discapacidad hasta diciembre de 2026, que este jueves el Senado ratificó con 63 a favor y 7 en contra. Culminado ese debate, los bloques que se ubican en la vereda de enfrente del gobierno libertario buscan darle media sanción y girar a Diputados un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La sesión de este jueves es el último test del gobierno de Javier Milei antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires de este domingo. El inicio de la jornada quedó atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica al corazón del gobierno de Javier Milei, por el supuesto cobro de coimas por parte de la hermana del mandatario, Karina Milei.
Luego de que el 20 de agosto la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, el Senado hizo lo propio este jueves. Fue luego de que la ley impulsada por el diputado Daniel Arroyo en febrero de este año reuniera, al igual que en Diputados, el aval de más de dos tercios de los legisladores presentes.
¿Quiénes acompañaron el veto de Javier Milei? Los libertarios Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto. En tanto, Vilma Bedia estuvo ausente. A los oficialistas se le sumó la bullrichista Carmen Álvarez Rivero, que ya había rechazado la ley, al igual que el exlibertario Francisco Paoltroni.
Lo llamativo es que ningún libertario hizo uso de la palabra para defender el veto presidencial. De hecho, en la lista de oradores estaba anotado Atauche, jefe de bloque, pero a último momento se bajó. Quien sí defendió la medida presidencial fue Álvarez Rivero.
"¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?”, preguntó la cordobesa a sus pares. Dicho esto, señaló: “en Argentina ya existe una ley de discapacidad, que se entiende como un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, y que, inclusive, esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad”. Por eso mismo, señaló: “No necesitamos otra ley, ni declarar emergencias: necesitamos gestión”.
"Acompaño el veto presidencial", continuó la senadora del PRO, para luego reconocer: "Considero que esta ley no hace falta, pero aprovecho para pedir públicamente al ministro (de Salud Mario) Lugones que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan".
En la previa al debate, se daba por descontado que la oposición reuniría los votos necesarios para anotarse el triunfo, sobre todo si se tiene en cuenta que, cuando se aprobó el proyecto en la Cámara alta, este sumó el acompañamiento de 56 senadores (muy por encima de los dos tercios que se requieren).
De todas maneras, en la Casa Rosada ya se preparan para avanzar con un plan de judicialización para, de esa manera, evitar tener que aplicar la ley.
La sesión quedó en manos del presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta, Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Ejecutivo en medio de la gira de Milei por los Estados Unidos. Y se celebra en la previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires de este domingo, en la que La Libertad Avanza medirá fuerzas con Unión por la Patria, principal impulsor de la ley vetada por el jefe de Estado.
En la tarde del miércoles, Milei, que se involucró de lleno en la campaña, arremetió contra el peronismo. "Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta", aseveró el mandatario. Así, le daba un respaldo a su hermana, que quedó salpicada por los audios de la Andis.
Escándalo por los audios de Spagnuolo
En la previa al debate de la Emergencia en Discapacidad, los senadores de la oposición pusieron sobre la mesa el escándalo por los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, en el que se habla del supuesto cobro de coimas por parte de la hermana del Presidente al laboratorio Suizo Argentino, a cambio de contratos con el Estado.
Fue la jujeña Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la primera en colar el tema, al pedir una cuestión de privilegio contra el presidente y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por impulsar una denuncia judicial para evitar que se difundan audios que tendrían como protagonista a Karina Milei.
Entre otras cosas, la legisladora nacional acusó al jefe de Estado de "avanzar" sobre leyes y pactos internacionales que están contemplados por la Constitución Nacional. "Al Presidente le molesta la realidad, y amedrenta violentamente", denunció Moisés. Y, de paso, señaló que el "ataque a la prensa es sistemático".
"Esta es una cuestión de privilegio contra la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Aparentemente Argentina atraviesa un conflicto internacional con dos países", dijo, a su turno, el radical Martín Lousteau. Y continuó: "Uno que es de los más militarizados de nuestra región, que es Venezuela, y el otro que es una potencia bélica a nivel mundial, que es la Federación Rusa. El conflicto es tan grande que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están siendo atacados con agentes de inteligencia que penetran en reuniones privadas y graban a los más altos funcionarios y tienen el objetivo de quebrar el núcleo familiar del Presidente", ironizó el economista.
"Tan escalado está el conflicto que aparentemente llegaron a armar medios de comunicación propios y reclutaron alguno de los periodistas más conocidos del país para trabajar para ellos. Seguro alguno hasta podría pensar que los infiltraron hace 40 años y los hicieron trabajar paulatinamente en medio de comunicación para usarlo llegado el momento adecuado. Inclusive llegaron a un estratagema extraordinario que es infiltrar a una periodista transformada en diputada dentro de su propio partido político", se explayó Lousteau, en alusión a la exlibertaria Marcela Pagano, a quien el Gobierno acusa de haber estar involucrada en el Caso Spagnuolo.
"Esto que es tan ridículo como suena es la historia detrás de la denuncia que hizo Patricia Bullrich tratando amedrentar a medios y a periodistas. Esto es lo que parece que ella piensa y es lo que quiere que los argentinos creamos sin absolutamente ninguna prueba. ¿Por qué digo sin absolutamente ninguna prueba? Porque saben qué frase usan la denuncia, 'proliferan versiones'", remató Lousteau.
Emergencia en Discapacidad: qué dice la ley
La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año- garantiza fondos hasta diciembre de 2026 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); reestablece el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50).
Al mismo tiempo, aumenta la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
"Estamos a favor de que si hay certificados de discapacidad que están mal otorgados se hagan bien pero no con la motosierra: hay que entender que se está trabajando sobre una persona vulnerable", dijo el senador de Unión por la Patria Guillermo Andrada.
El radical Pablo Blanco fue otro de los senadores que acompañó la ley, y señaló: “Este veto está esencialmente sustentado en el equilibrio fiscal y financiero, pero en Argentina hay un déficit mucho más importante: el déficit social. El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”.
"La plata sale del sobreprecio y la coima, así que no pregunten cosas que saben cómo se resuelven", dijo la senadora del Frente PRO Guadalupe Tagliaferri. Fue al echar por tierra el argumento del Poder Ejecutivo de vetar la ley por falta de fondos.
Culminado el debate por la Emergencia en Discapacidad, el Senado se apresta a debatir la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones, apunta a que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras.
Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023.
A su vez, se votará la revisión de convenios impositivos con Austria y Francia, suscriptos el 6 de diciembre del 2019, antes del cambio de gestión de Mauricio Macri. En el encuentro de Labor Parlamentaria también se programó una nueva sesión para el miércoles 18 de noviembre a las 11 horas, a donde se incluirían proyectos vinculadas al sector científico y a las campañas de desinformación.
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