La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la Justicia nacional de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires investigue las denuncias por presuntas irregularidades contables y lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión representa un revés judicial para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad, respectivamente, y deja afuera de esa investigación al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
El máximo tribunal también ordenó que González Charvay se inhiba de intervenir en los hechos vinculados con la compra de un inmueble en Villa Rosa, partido de Pilar, que aparece en la denuncia presentada por Elisa Carrió, Matías Yofe y el legislador Facundo del Gaiso. Por otra parte, dispuso que la Inspección General de Justicia (IGJ) continúe con el análisis de los balances de la AFA.
La resolución establece que las causas penales relacionadas con los presuntos balances falsos de la entidad queden radicadas en el fuero nacional de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la intervención de la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi. La Corte rechazó así el planteo del juzgado federal de Campana para quedarse con esos expedientes y respaldó el reclamo del juez de la Cámara Penal ordinaria Ignacio Rodríguez Varela.
Uno de los expedientes se originó en una denuncia presentada por Guillermo Tofoni contra Tapia y otros directivos de la AFA. El planteo apunta a la presunta omisión de ingresos en los balances de la entidad por aproximadamente 400 millones de dólares, provenientes del contrato con Tourprodenter LLC, que actuaba como agente comercial exclusivo.
La decisión lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Para resolver la disputa de competencia, el máximo tribunal remitió al dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien analizó la relación entre la confección de balances falsos y una eventual administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.
En su dictamen, Casal recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la falsedad de un balance puede formar parte de un mismo hecho de administración fraudulenta. Esto puede ocurrir cuando las irregularidades contables son utilizadas como medio para cometer el fraude o cuando buscan ocultar el perjuicio provocado por un delito contra la propiedad.
El procurador también señaló que, en esos casos, la investigación debe quedar a cargo de un juzgado criminal del fuero ordinario, debido a que cuenta con una competencia más amplia que la del fuero penal económico.
En paralelo, la causa por el inmueble de Villa Rosa incluye referencias a una propiedad valuada en unos 20 millones de dólares. Según la denuncia, en el lugar se encontraron autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas.
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