La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó embargar una cuenta del Banco Central en Estados Unidos por US$ 95,8 millones, para afrontar una deuda argentina que entró en default en 2001.
Además, indicaron que "no hay nada que afecte" a la autoridad monetaria argentina.
El embargo fue dictado para afrontar la deuda con el fondo de inversión Bainbridge Fund, indicó el economista Sebastián Maril, que sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior y trabaja para Latam Advisors.
El dinero embargado pertenece a una cuenta que tiene el Banco Central en la Reserva Federal, con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady, emitidos en la década del ´90, como parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región.
"Todavía quedan US$ 75 millones de bonos Brady por vencer el 31 de marzo próximo. Al ser un colateral, la Argentina no lo puede sacar de la cuenta hasta que se realice el pago. En estos últimos 20 años, esos fondos treparon de valor y hoy equivalen alrededor de US$ 297 millones. El fondo Bainbridge pidió embargar el equivalente a US$ 96 millones y la juez Preska aceptó”, explicó Maril.
Según cálculos privados, el Estado argentino adeuda alrededor de US$ 579 millones a fondos institucionales que litigaron contra el país y obtuvieron sentencias firmes a favor.
Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos –más conocidos como holdouts– que compraron aquella deuda en default para demandar al país.
Entre ellos hay siete compitiendo para lograr que se embarguen los pocos activos locales que hay en el exterior.
La Argentina mantiene, además, otras causas abiertas en los tribunales de Estados Unidos. Entre ellas, se destaca el reclamo del fondo Titan Consortium por el pago de US$ 327 millones que el país le debe por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial-, a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, y que nunca pagó.
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Si se toman en cuenta todas las sentencias negativas en los tribunales de Nueva York, el Ciadi y la Corte Comercial de las Naciones Unidas, el Estado debe US$ 935 millones, según cálculos de Maril.
Confirmado el embargo, la Argentina todavía tiene más de US$ 200 millones en la cuenta del Banco Central en la Fed para hacer frente al vencimiento de los bonos Brady a fin de marzo.
Sin embargo, hay al menos otros cinco fondos que reclaman también una deuda total de US$ 417 millones.
Estos son los holdouts Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Los primeros dos están representados por el abogado Dennis Hranitzky, que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML - Elliott Capital Management.
En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el entonces gobierno pagó US$ 9.300 millones a parte de los holdouts que tenían deuda en default de 2001.
Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales, que en 2020, el exministro de Economía Martín Guzmán, reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010.
De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.
Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Eran aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.
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