La coordinadora del Observatorio Vial de la provincia, Gabriela Romero, presentó recientemente un balance que ha generado una profunda preocupación en las autoridades riojanas. Durante el primer trimestre de 2026, se han contabilizado 13 víctimas fatales en siniestros viales, una cifra que, si bien representa una leve disminución frente al mismo periodo del año anterior, revela un cambio alarmante en la naturaleza de estos incidentes.
El dato más disruptivo del informe oficial es el desplazamiento de la siniestralidad hacia los centros urbanos. De las 13 muertes registradas, 12 ocurrieron en calles y avenidas de la ciudad, mientras que solo una tuvo lugar en áreas rurales o rutas. Esta estadística rompe con la tendencia de 2025, donde la mortalidad se distribuía de manera equitativa entre ambos sectores.
Para Romero, este fenómeno no es una casualidad técnica, sino un reflejo directo de una crisis en el comportamiento ciudadano. La funcionaria fue enfática al señalar que “el problema aquí es lo cultural”, apuntando a la falta de respeto sistemática por las normas más elementales de convivencia, como la prioridad de paso en las rotondas y la obediencia a las señales de los semáforos.
En su diagnóstico, la coordinadora advirtió sobre la peligrosidad latente de cualquier vehículo, afirmando que este puede transformarse en un “arma” si no se utiliza con la responsabilidad adecuada. Hizo un llamado especial a la conciencia sobre el consumo de alcohol, factor que potencia la gravedad de los accidentes y anula la capacidad de reacción de los conductores.
Ante esta situación crítica, el Consejo Provincial de Seguridad Vial, con el impulso de la diputada nacional Gabriela Pedrali, ha tomado medidas drásticas. Se ha formalizado un convenio estratégico entre los municipios y el Gobierno Provincial para unificar esfuerzos y dotar de mayores facultades a las fuerzas de seguridad en todo el territorio.
La consecuencia más inmediata de este acuerdo es el empoderamiento de la Policía de la Provincia en materia de tránsito. A partir de ahora, los efectivos policiales están plenamente facultados para actuar en controles viales en cualquier lugar y circunstancia, ampliando su radio de acción mucho más allá de la simple verificación del uso del casco.
Este cambio administrativo supone un despliegue operativo sin precedentes en La Rioja. Según explicó Romero, la capacidad de vigilancia en las calles experimentará un salto masivo, pasando de contar con apenas 100 inspectores municipales a disponer de un cuerpo de 3.000 efectivos policiales habilitados para intervenir y sancionar infracciones.
Finalmente, la funcionaria envió un mensaje contundente a la población sobre el cumplimiento de las normativas vigentes. Al referirse a las sanciones, sentenció que si los ciudadanos no desean sufrir el impacto económico de las multas, la única vía es el respeto estricto a las leyes, apelando a la responsabilidad individual para frenar la tragedia en las calles.
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