En un contexto de creciente preocupación por amenazas en el ámbito educativo, el Gobierno de La Rioja anunció la implementación de un nuevo protocolo de actuación para instituciones escolares de toda la provincia. La medida surge tras registrarse, en la última semana, episodios en al menos 20 establecimientos, entre mensajes, pintadas y advertencias que generaron alarma en la comunidad educativa.
La iniciativa es impulsada de manera conjunta por los ministerios de Educación y de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y tiene como objetivo establecer criterios claros de intervención frente a situaciones que puedan implicar riesgo o alterar el normal desarrollo de las clases.
Según se informó oficialmente, el protocolo incorpora pautas específicas para actuar ante manifestaciones de amenazas de violencia, contemplando desde mensajes en redes sociales hasta expresiones verbales o escritas dentro de las instituciones. La finalidad es garantizar respuestas rápidas, coordinadas y con una mirada preventiva.
En este sentido, el esquema busca asegurar la protección integral de estudiantes, docentes y personal escolar, al tiempo que unifica criterios de actuación en todo el sistema educativo provincial. Además, promueve un abordaje pedagógico y de contención, evitando respuestas exclusivamente punitivas ante este tipo de amenazas.
El nuevo protocolo será de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada, en los niveles primario y secundario, incluyendo sus distintas modalidades.
Desde el Gobierno señalaron que las situaciones alcanzadas por esta normativa son aquellas que generen temor o afecten el clima escolar. Entre ellas se incluyen pintadas o escritos con referencias a ataques, mensajes difundidos en redes sociales vinculados a escuelas, amenazas entre estudiantes y cualquier otra expresión que implique preocupación para la comunidad educativa.
La medida se enmarca en la Ley Provincial N° 8.848 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y normativas vigentes, además de artículos del Código Penal Argentino vinculados a amenazas e intimidación pública.
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