La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el marco de un amparo presentado contra la resolución del Gobierno nacional que eliminó los aportes obligatorios de las bodegas a la entidad. De esta forma, los establecimientos vitivinícolas deberán volver a aportar hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El presidente de la corporación, Fabián Ruggeri, explicó: “el juez aceptó dar a favor de Coviar la cautelar mientras resuelve el amparo. Básicamente, aceptó todas las solicitudes, rechazando completamente la resolución 55, con lo cual las bodegas, hasta tanto el juez resuelva definitivamente el amparo, en función de la cautelar, tienen que volver a realizar los pagos como era antes”.
La cautelar suspendió la Resolución 55 y restableció el sistema vigente
La Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial el 5 de mayo, dispuso el cierre formal del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y estableció el fin de las contribuciones obligatorias que financiaban a la Coviar.
De esta manera, si bien no se dispuso el cierre de la entidad, al cortarse la fuente de financiamiento, se complicaba su subsistencia. En una nota reciente con Los Andes, Ruggeri explicaba que, de hecho, el Instituto Nacional de Vitivinicultura -en el contexto del fuerte proceso de desregulación en 2025- dejó de presentar las estadísticas de elaboración de vinos y mostos.
Esto había dejado a la corporación en una situación complicada, ya que peligraba el sostenimiento de los programas que desarrolla la entidad y las acciones de promoción del consumo del vino en el mercado interno y los destinos de exportación.
De momento, por la decisión del juez federal Pablo Quirós, las bodegas deben volver a realizar los aportes hasta que se defina la cuestión de fondo: si una resolución puede modificar lo que establece la ley 25.849, que fija las contribuciones obligatorias como fuente de financiamiento de la Coviar.
Consultada sobre qué mirada tienen de esta decisión de la Justicia, la presidente de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, expresó que hay que “esperar que se resuelva. Se apelará la medida y seguirá el curso legal, de modo similar a lo que pasó con la reforma laboral".
Un capítulo más
La cautelar representa una instancia adicional en una larga disputa entre sectores de la vitivinicultura. Aquellos que están de acuerdo con aportar para que se sostenga una organización que, según palabras de Ruggeri “trabaja para la totalidad de la vitivinicultura del país por lo que todos tienen la misma oportunidad y acceso a estas posibilidades”.
Y quienes ponen el foco en que la Coviar no cumplió con los objetivos planteados en el PEVI 2020 y no están de acuerdo con su extensión a 2030, por lo que consideran que el pago de la contribución obligatoria representa un costo más que se suma en un contexto complejo para la vitivinicultura.
Este último planteo fue en que tomó el Gobierno nacional para establecer la eliminación de la obligatoriedad de los aportes. Cuando se publicó la resolución 55/2026, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en su perfil en X: “Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a privados".
Añadió que "las exportaciones nunca llegaron a la marca de US$ 2.000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%, muy lejos del 10% prometido". Y resaltó que, “entre 2004 y 2025 se le sacaron al sector (lo pagamos todos nosotros) US$ 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron. Es decir que la Coviar, lejos de aportar competitividad, en realidad la reducía”.
Algunas entidades locales celebraron la eliminación de los aportes, como Bodegas de Argentina y el Consejo Empresario Mendocino. El CEM subrayó que la medida (la resolución 55/2026) avanza en la reducción de distorsiones y costos que afectan la competitividad del sector privado y que devuelve a las empresas la libertad de decidir a qué cámaras, instituciones o proyectos sectoriales contribuyen, favoreciendo además una mayor competencia y representatividad.
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, también evaluó que la quita de la obligatoriedad de la contribución es razonable porque la entidad no logró alcanzar los objetivos fijados en el PEVI. Y que, en el complejo momento que atraviesa la vitivinicultura, hay que reducir costos a las bodegas y productores primarios (a quienes se les traslada, aunque no se les aplique de manera directa).
En cambio, la Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestó su apoyo institucional a la Corporación Vitivinícola Argentina a través de un comunicado, en el que expresó que la entidad ha operado durante más de dos décadas como un actor central para la planificación del crecimiento del sector de forma integrada y coordinada.
Y enumeró que, entre otras acciones, se ha enfocado en la promoción del vino argentino en mercados internos y externos, el impulso al enoturismo y la ejecución de programas de sostenibilidad; como también la asistencia técnica, la integración de pequeños productores en la cadena de valor y la defensa de intereses comerciales internacionales, incluyendo la protección del mosto argentino.
Qué cambia con el amparo para bodegas y el INV
Uno de los principales efectos de la medida es el restablecimiento de las contribuciones obligatorias que financian parte de las actividades de Coviar. El aporte alcanza exclusivamente al sector industrial de la cadena vitivinícola, es decir, a las bodegas elaboradoras de vino, establecimientos fabricantes de mosto y exportadores de pasas.
Con la suspensión de la Resolución 55, estos establecimientos vuelven a quedar alcanzados por las obligaciones previstas en la ley hasta que la Justicia resuelva el amparo.
Las contribuciones obligatorias alcanzan a bodegas, elaboradores de mosto y exportadores de pasas de todo el país.
El fallo también ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) continuar brindando la información estadística necesaria para determinar el aporte correspondiente a cada establecimiento.
Además, deberá volver a aplicar las medidas previstas por la Ley 25.849 para los casos de incumplimiento. Esto implica que los establecimientos que no realicen los aportes obligatorios podrán ser paralizados, tal como establecía el régimen vigente antes de la entrada en vigor de la Resolución 55.
Otro de los efectos de la decisión judicial es que queda frenada la aplicación de las disposiciones incluidas en la resolución nacional mientras continúe el trámite del amparo presentado por Coviar.
Cuánto deberán pagar las bodegas, mosteras y exportadores por los aportes a Coviar
Con la suspensión de la Resolución 55 y el restablecimiento del sistema previsto por la Ley 25.849, vuelven a regir las contribuciones obligatorias que financian el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
Para 2025, los valores fijados para los aportes varían según el producto elaborado. En el caso del vino, mosto sulfitado, mosto virgen y otros productos sin proceso de concentración, la contribución quedó establecida en $0,847979 por litro elaborado.
Por su parte, los productos fraccionados sin indicación varietal, con excepción del mosto concentrado, deberán abonar $0,714940 por litro. En tanto, para los productos fraccionados con indicación de variedades, champagne y vinos especiales, el aporte asciende a $1,171074 por litro.
El valor más elevado corresponde al mosto concentrado destinado al mercado interno o a la exportación, que deberá pagar una contribución de $4,382024 por litro. En el caso de los establecimientos que procesan uva en fresco o pasas, el aporte obligatorio fue fijado en $0,702215 por kilo de uva fresca ingresada.
Las contribuciones alcanzan exclusivamente al eslabón industrial de la cadena vitivinícola, integrado por bodegas, elaboradores de mosto y exportadores de pasas.
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