Como millones de argentinos, Sofía Sosa festejó durante la tarde del domingo 18 de diciembre que la Selección había salido campeón del mundo. Estaba embanderada, celebrando con amigos en las calles de Salsipuedes, en las afueras de Córdoba Capital. Pero horas después, esa misma noche, la vida de esta chica de 23 años terminaría con una pesadilla. Estaba en su casa, acompañada por su hijo de cuatro años y un amigo, cuando su ex pareja apareció por sorpresa. La acuchilló hasta matarla.
Los femicidios son una tragedia que no encuentra solución en los últimos años. Las organizaciones especializadas en violencia de género coinciden en que alrededor de 300 mujeres por año mueren en Argentina por crímenes de género, una cifra que se mantiene estable. La implementación de distintas políticas públicas y la inyección de mayor presupuesto estatal para combatir esta problemática no refleja, por ahora, un descenso en los asesinatos de mujeres.
Los números no oficiales, que durante largos años fueron el único registro sobre femicidios, afirman en esta tendencia. La organización La Casa del Encuentro relevó 301 crímenes de género durante 2022; el Observatorio Lucía Pérez registró 323 femicidios el año pasado, uno de los peores de la última década. Los datos oficiales de 2022 que recopila la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, basados exclusivamente en expedientes judiciales, estarán disponibles a partir de junio próximo, pero la tendencia en años anteriores acompañaba la tendencia que muestran las ONG.
Como Sofía, otras dos mujeres fueron asesinadas mientras los argentinos festejaban el mundial. 2022 fue un año violento para las mujeres. El relevamiento del Observatorio Lucía Pérez indica que hubo 27 femicidios por mes, prácticamente uno por día. Esa organización, además, señala que los crímenes de género aumentaron por cuarto año consecutivo en el país.
“La tasa de femicidios se mantiene estable, lo que da cuenta de una tremenda problemática a nivel nacional, que ha calado muy hondo a nivel social y cultural. Necesitamos mantener esta jerarquía en las políticas de prevención de la violencia de género pero sostenida en el tiempo, una política a largo plazo”, aseguró Laurana Malacalza, subsecretaria en el Ministerio de las Mujeres.
En la misma línea, Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) definió como “muy grave” la situación: “Las estadísticas muestran un número estable de femicidios a pesar de que en los últimos años se invirtió como nunca antes desde el Estado, en términos de institucionalidad, de recursos humanos, presupuestarios y también de cambios normativos. Se hizo mucho, pero las muertes no bajan. Estos datos muestran que es un problema muy difícil de solucionar. Eso no quiere decir que hay que hacer menos, todo lo contrario”.
Los cambios institucionales para luchar contra la violencia de género se acentuaron en los últimos 15 años. El Congreso aprobó en 2009 la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se modificó el Código Penal en 2012 para introducir la figura de femicidio como un agravante. Y tras la multitudinaria marcha de Ni Una Menos, en junio de 2015, la sociedad civil impulsó más cambios como la aprobación de un Plan Nacional de Acción contra la violencia de género, que implementó el Poder Ejecutivo. Años después, Alberto Fernández creó el Ministerio de las Mujeres con políticas que atendieron esta problemática como el Programa Acompañar, que brinda una ayuda económica a las mujeres que sufren amenazas. El 90% del presupuesto de todo ese ministerio se destinó el año pasado a pagar ese subsidio, informaron fuentes oficiales.
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