El reciente traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad a Campo de Mayo desató un profundo malestar en el arco de los derechos humanos. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela, expresó su preocupación por lo que considera "una cuasi amnistía encubierta", al señalar que los trasladados gozarían de condiciones de detención privilegiadas, alejadas del mandato judicial que ordena el cumplimiento de las penas en cárceles comunes.
“En Campo de Mayo están como de turismo. Van a tener comodidades de privilegio, celdas VIP, parques y posibilidad de hacer deporte”, denunció Brizuela, señalando que esto responde a una estrategia política más amplia del gobierno nacional, que busca “provocar, erosionar la democracia y sembrar impunidad”.
Entre los trasladados se encuentran Alfredo Astiz, Adolfo Donda y Antonio Pernías, todos implicados en crímenes atroces cometidos durante la dictadura cívico-militar, en causas como la ESMA.
Brizuela subrayó que esta medida no fue dispuesta por la Justicia sino por decisión administrativa del Servicio Penitenciario Federal, bajo el argumento –desmentido por organismos de derechos humanos– de un supuesto colapso en la cárcel de Ezeiza.
> “Están queriendo borrar el juicio histórico que significó juzgar y condenar a los responsables del terrorismo de Estado. Esto vulnera principios básicos del Estado de Derecho y de nuestra democracia”, sostuvo el funcionario, que además recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas prohíbe expresamente beneficios o tratos especiales para los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde La Rioja, la Secretaría de Derechos Humanos firmó una adhesión a las presentaciones legales impulsadas por organismos nacionales para exigir que los represores regresen a cárceles comunes, donde las condiciones sean dignas, pero sin privilegios, tal como lo ordena la ley.
El caso encendió nuevas alarmas sobre la línea ideológica que impulsa el gobierno nacional y su relación con sectores que reivindican la dictadura. “Este modelo de país solo se puede sostener con ajuste y represión. Y para eso necesitan impunidad”, advirtió Brizuela.
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