De acuerdo a las actuaciones, el mensaje habría sido remitido el 29 de octubre de 2025, aproximadamente veinte minutos después de que el letrado fuera notificado de una sanción disciplinaria impuesta por el Tribunal Superior de Justicia a través del Acuerdo N°123/2025.
Según consta en la denuncia, el contenido incluía expresiones que el magistrado interpretó como una posible amenaza hacia su persona y su entorno familiar, especialmente por referencias a futuras acciones vinculadas a familiares y personas allegadas.
Ante ello, la Fiscalía incorporó distintos elementos probatorios, entre ellos capturas de pantalla del mensaje recibido, un acta de constatación notarial realizada mediante escritura pública y documentación relacionada con actuaciones disciplinarias previas.
En el análisis preliminar del caso, la agente fiscal Dra. Nadia Schargrodsky sostuvo que los hechos denunciados podrían adecuarse al delito de amenazas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal Argentino.
El dictamen señala que para la configuración de este delito no resulta necesaria la concreción efectiva del temor, sino la existencia de una manifestación que anuncie un mal futuro injusto con capacidad objetiva de intimidar.
Asimismo, desde la Fiscalía remarcaron que el contexto en el que fue emitido el mensaje constituye un elemento relevante, debido a antecedentes de conflicto entre las partes vinculados a sanciones disciplinarias y expresiones consideradas ofensivas en actuaciones judiciales anteriores.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal requirió a la titular del Juzgado de Instrucción N°3 el inicio formal de la investigación con el objetivo de determinar si existió delito y establecer eventuales responsabilidades penales.
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