El Gobierno nacional decidió volver a poner en agenda la Ley Penal Juvenil y habilitó su tratamiento durante las sesiones extraordinarias del Congreso, con un eje central: reducir la edad de imputabilidad penal, que el Ejecutivo propone fijar en 13 años.
La inclusión del proyecto fue oficializada mediante el Decreto 53/2026, que amplió el temario legislativo que comenzará a debatirse a partir del 2 de febrero. La iniciativa busca reemplazar el actual régimen de minoridad por un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Ante ello, la pastoral social dentro del Episcopado Argentino emitió un documento, que cuestiona en forma enfática la iniciativa gubernamental. Bajo el título “Más oportunidades que penas”, el organismo qie preside el obispo de La Rioja Dante Braida indicó que “desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo”.
“Esto ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil. En medio del debate social y político respecto de la baja de la edad de imputabilidad deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar. A diario experimentamos esta realidad cuando nos toca de cerca, porque sufrimos en carne propia esta situación y también nos duele cuando las víctimas son personas queridas, familiares y hermanos de nuestras comunidades”, afirmó.
“Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana (SNIC_SAT), del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023 (último dato publicado), en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”, detalló.
“En los debates públicos y mediáticos se escuchan los testimonios de jueces, comunicadores, dirigentes políticos y de ciudadanos “de a pie”, por lo general víctimas de delitos. Pero la realidad es más diversa y la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos. Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”, afirmó.
“Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas. Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. A los hechos nos remitimos. Por ello ¡Es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco. Si miramos la realidad, el narcotráfico en nuestro país, desde hace décadas, viene ganando territorio y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes.
También podemos preguntarnos todos: ¿qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes? Muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social. Es imprescindible comprender que es necesario promover una “cultura del cuidado” que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”, aclaró.
“Nos preguntamos: si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”, afirmó.
“Nos preguntamos: para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación.
El deterioro educativo y la deserción escolar es una realidad que requiere pronta solución ¿Cómo se está trabajando para remediar esta tragedia educativa? Si los jóvenes hoy necesitan espacios de contención y cuidado ¡manos a la obra! A reformar urgente el sistema educativo. En los barrios más desfavorecidos hay que repensar la estructura de las escuelas y potenciar los lugares de participación y proyección que existen: clubes, polideportivos, capillas, centros vecinales, etc”, añadió.
“Es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes. Que tengan motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza, y una salida que no sea «Ezeiza», las drogas, las armas o el cementerio. Pero, para ello se requiere un debate serio, un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo y no solo medidas que pueden sonar bien en periodos electorales, pero que se quedan muy cortas. La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad, requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo. ¡Es necesaria la grandeza política!”, fundamentó.
“Ante esta triste realidad nos vemos en la obligación de expresar nuestro parecer en este debate complejo y de hacer nuestro aporte desde lo que a diario constatamos y muchas veces también padecemos, porque, como la mayoría de los argentinos, deseamos un país viable, con paz, sin violencia y con posibilidades para todos. El Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito. Pero también los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos en general tenemos que aportar lo que sea necesario para ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables. Es imprescindible vencer todo tipo de indiferencia, superar la cultura del descarte y llenar con propuestas superadoras el vacío que dejamos cuando evadimos nuestras responsabilidades como adultos. Esto es determinante porque, como nos recuerda el Papa Francisco, estamos todos en la misma barca3 y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”, indicó.
“Son tantos los adolescentes y jóvenes en nuestro país que no dejan de soñar, que con esfuerzo luchan por sus ideales, que no pactan con la violencia y la aborrecen. Son tantos los jóvenes que se solidarizan con otros jóvenes, que se comprometen con causas nobles y que ante la adversidad no bajan los brazos. Son tantos los adolescentes y jóvenes que nos inspiran esperanza y nos permiten creer que un futuro mejor es realmente posible si somos capaces de pensar en grande y de caminar juntos”, finalizó.
Contexto
La discusión volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas tras el asesinato de Jeremías Monzón, el joven de 15 años que fue brutalmente atacado en Santa Fe por otros menores. El caso tuvo un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate político sobre la respuesta penal frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
Desde la Casa Rosada admiten que el punto más sensible del proyecto es la edad mínima de imputabilidad. Mientras que el Gobierno impulsa llevarla a los 13 años, en el Congreso existe un consenso previo, alcanzado en comisiones durante 2024, que fija el piso en los 14. Pese a ello, el oficialismo dejó abierta la posibilidad de negociar para lograr los apoyos necesarios.
El Ejecutivo busca unificar los distintos proyectos presentados por los bloques parlamentarios y acelerar su tratamiento durante el receso legislativo. El antecedente inmediato es el dictamen obtenido en Diputados en mayo de 2025, elaborado por el Ministerio de Justicia, que ya había avanzado en una reforma integral del régimen penal juvenil.
Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el 27 de febrero, aunque fuentes oficiales no descartan que el debate continúe durante el período ordinario, debido a la complejidad política y social del tema.
La Ley Penal Juvenil se suma así a una agenda legislativa cargada, en la que el Gobierno también pretende avanzar con la reforma laboral y otros proyectos considerados prioritarios por el presidente Javier Milei.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) es un organismo estable de la Conferencia Episcopal Argentina. Objetivos Principales: Conocer y acompañar: La vida Económico- Social; La Comunidad Política; La vida internacional. Otras situaciones relacionadas con la vida del hombre en la sociedad que necesitan ser discernidas por el Episcopado a fin de iluminarlas a la luz del Evangelio. Con la aprobación de los obispos diocesanos animar la tarea de las comisiones diocesanas de Pastoral Social o equivalentes.
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