La Conferencia Episcopal Argentina manifestó su rechazo a que la baja de la edad de imputabilidad penal sea presentada como la única respuesta frente a los delitos cometidos por menores de edad. A través de un comunicado difundido este sábado y firmado por los integrantes de su Comisión Ejecutiva.
La Iglesia advirtió sobre los riesgos de reducir el debate público a una discusión estrictamente punitiva y reclamó priorizar políticas de prevención, educación e integración juvenil.
En el texto, la entidad expresó su cercanía con las familias y comunidades que son víctimas de hechos delictivos, pero remarcó que focalizar el análisis únicamente en la edad de imputabilidad puede dejar de lado aspectos centrales vinculados al acompañamiento de los jóvenes y a las condiciones sociales que rodean estas problemáticas. En ese sentido, subrayó la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada más amplia, que incluya el rol del Estado, la comunidad y las familias.
El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, retoma interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia. Entre ellos, se pregunta dónde serían recluidos los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad y qué alternativas reales existen para su educación y reinserción social. También plantea dudas sobre las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como sobre la capacidad de las instituciones penitenciarias para dar respuestas efectivas a esta problemática.
En su pronunciamiento, la Conferencia Episcopal reafirmó que resulta imprescindible contar con un régimen penal juvenil y adolescente con una perspectiva humana, integral y abierta a la esperanza. En esa línea, el texto hace referencia a la figura de san Juan Bosco y a los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, destacando un modelo educativo basado en la cercanía de los adultos, el trabajo, la educación y la vida comunitaria como herramientas fundamentales para el desarrollo de los jóvenes.
Los obispos integrantes de la Comisión Ejecutiva insistieron en la necesidad de fortalecer políticas educativas y comunitarias, así como en la construcción de alternativas preventivas. Además, señalaron que la prevención requiere el acompañamiento de las familias, una comunidad comprometida y la intervención de un Estado presente que garantice oportunidades reales de inclusión.
El comunicado lleva la firma de Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.
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