En un contexto nacional marcado por el ajuste y la creciente demanda en salud mental, la provincia de La Rioja decidió avanzar con la implementación del Protocolo de Intervención para las Fuerzas de Seguridad y los Servicios de Urgencia de Salud Pública, una herramienta que busca garantizar respuestas articuladas, respetuosas y con perspectiva de derechos ante situaciones de crisis vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos. El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, explicó los alcances, desafíos y fundamentos de esta política pública que representa un cambio de paradigma en el abordaje de estas problemáticas, y que se enmarca en una firme decisión del Gobierno provincial de sostener una política sanitaria inclusiva, aún frente al desfinanciamiento nacional. “Una intervención adecuada puede salvar una vida”, afirmó el funcionario, al resaltar la importancia de actuar con sensibilidad, profesionalismo y humanidad.
¿Cuál es la importancia de que la Provincia cuente con un Protocolo de Intervención para las Fuerzas de Seguridad y los Servicios de Urgencia de Salud Pública a personas en Situación de Crisis de Salud Mental y Consumos Problemáticos?
Contar con un protocolo unificado es un paso muy importante para garantizar una intervención adecuada y respetuosa de los derechos humanos en situaciones de crisis de salud mental y consumos problemáticos. Este protocolo establece pautas claras de actuación para las fuerzas de seguridad y los servicios de salud, lo que permite una respuesta articulada, eficaz y humanizada, enmarcada en la Ley Nacional de Salud Mental. Su implementación refleja el compromiso de la Provincia con una atención digna y con un Estado presente que protege los derechos fundamentales de las personas en contextos de vulnerabilidad. Es un símbolo de compromiso, humanidad y responsabilidad del Estado frente a una de las problemáticas más urgentes y sensibles de nuestra sociedad: la salud mental y los consumos problemáticos.
¿Qué desafíos implican para las diferentes áreas la puesta en funcionamiento de este Protocolo?
Uno de los principales desafíos es el cambio de paradigma en la forma de intervenir, pasando de prácticas basadas en usos y costumbres a un abordaje protocolizado, ético y respetuoso. Implica una coordinación efectiva entre instituciones como Salud, Seguridad y Justicia, con una mirada común centrada en los derechos humanos. Requiere, además, formación, compromiso institucional y la consolidación de una cultura de trabajo interdisciplinaria y conjunta, con capacidad de adaptación y mejora continua. El protocolo, no es solo un documento técnico: es una expresión concreta del rol que el Estado debe asumir en situaciones de urgencia que involucran a personas en crisis. Situaciones que muchas veces requieren respuestas rápidas, firmes, pero siempre ajustadas al respeto de los derechos humanos. Este instrumento busca garantizar que cada intervención de la Fuerza de Seguridad y del Servicio Público de Salud se realice con profesionalismo, sensibilidad y perspectiva de derechos. Una intervención adecuada puede salvar una vida. Por eso, este protocolo establece pautas claras para que ninguna actuación derive en una vulneración. Para que cada paso dado por los equipos de seguridad o de salud sea también una oportunidad de contención, de cuidado, de restitución de derechos.
¿Cuál es la situación actual de la Salud Mental en el país, teniendo en cuenta los recortes que se vienen realizando a nivel nacional?
La salud mental en Argentina atraviesa una situación crítica debido a los recortes presupuestarios y a la disminución del rol del Ministerio de Salud de la Nación. La reducción de insumos, especialmente medicamentos, y el debilitamiento de vínculos estratégicos con organismos como la OPS y la OMS agravan el panorama. En este contexto, la salud mental sigue creciendo en demanda y complejidad, siendo considerada una de las principales problemáticas sanitarias emergentes a nivel global.
¿Cómo afectaron esos recortes a la Provincia y de qué manera se sigue trabajando para llevar adelante las políticas con fuerte impronta en derechos humanos que pregona el gobernador Ricardo Quintela?
A pesar del desfinanciamiento nacional, la Provincia de La Rioja ha sostenido sus compromisos mediante acuerdos propios con la OPS y otros organismos internacionales, manteniendo programas como la Iniciativa Especial de Salud Mental, MediaCheckup y Quechua Rights. Además, se continúa trabajando desde un enfoque de derechos, garantizando acceso a la atención, suministro de medicación y dispositivos públicos de salud mental. La creación de la Mesa Interinstitucional de Consumos Problemáticos refuerza esta línea de trabajo con participación activa de diversos sectores. A partir de la Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental, a la que nuestra provincia adhirió mediante la Ley Provincial N° 10.210, el Estado argentino reconoce que las personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos son titulares plenos de derechos, y deben ser tratadas con dignidad, humanidad y sin discriminación. A este marco legal se suma un hecho de enorme relevancia para nuestra provincia: la reciente reforma de la Constitución de La Rioja, que en sus artículos 69° y 70° consagra a la salud como un derecho humano fundamental. Pero, además, en el artículo 71°, se introduce un avance histórico y ejemplar, al establecer de manera explícita que el Estado, con un enfoque integral y multidisciplinario, garantizará tratamientos destinados especialmente a las personas con consumos problemáticos, así como a los adultos mayores, personas con discapacidad, ludopatía, obesidad y adicción a nuevas tecnologías. En este sentido, nuestro Gobernador Ricardo Quintela, tuvo una gran visión y amplitud en el proyecto de gobierno para que este cambio sea posible. No es un dato menor que haya impulsado una reforma constitucional que reconozca la Salud Mental como un derecho, y su compromiso con políticas públicas inclusivas, nos permite hoy contar con herramientas concretas para transformar realidades. Entonces estamos demostrando con hechos que la salud mental es una prioridad, y que avanzar hacia una provincia más justa e igualitaria también implica garantizar el cuidado emocional y psicosocial de nuestra población. Este compromiso también lo estamos plasmando en nuestro Plan Provincial de Salud, donde la Salud Mental ha sido incluida como un eje transversal y uno de los indicadores estratégicos de gestión. Este plan, que guía nuestras acciones hasta el año 2030, promueve un abordaje integral, comunitario, con metas claras para mejorar el acceso, la calidad y la equidad en los servicios de salud mental en toda la provincia.
¿Cómo se evalúa la articulación entre salud y seguridad durante las intervenciones?
La articulación entre salud y seguridad está pensada como una construcción dinámica, evaluada de forma continua. El protocolo busca precisamente consolidar esta coordinación, estableciendo roles y tiempos de respuesta claros, con el objetivo de brindar una atención eficaz y humanizada. A medida que se implementa, se proyecta su actualización constante en base a la experiencia y a los datos que se vayan recabando.
¿Qué tipo de estadísticas o registros se llevan sobre las intervenciones realizadas?
Actualmente, el protocolo está en su fase inicial, por lo que aún no existen registros sistematizados. Sin embargo, está previsto que se lleven estadísticas tanto a nivel hospitalario como de los sistemas de salud y seguridad, con el fin de monitorear, evaluar y perfeccionar las intervenciones. La construcción de estos registros será parte del proceso de consolidación del protocolo.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la prevención y detección temprana de crisis de salud mental?
Las principales medidas preventivas se centran en garantizar un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, con seguimiento continuo por parte de los equipos de salud. La adherencia a la medicación, el acompañamiento terapéutico y la estabilidad social y económica del paciente son factores protectores de mucha importancia. Asimismo, se promueve la continuidad de los tratamientos y la accesibilidad a los dispositivos de salud mental como pilares para evitar situaciones de crisis.
¿Qué participación tienen los familiares o referentes afectivos en el proceso de intervención?
La participación de los referentes afectivos es fundamental. Son los primeros que tienen que brindar una contención emocional, acompañar en la intervención y también en el tratamiento terapéutico posterior. Son quienes tendrán que darnos las señales de alarma y facilitarnos el vínculo entre el paciente y los equipos de salud y seguridad, y permitir el proceso de atención.
¿Cómo se abordan los casos de crisis que involucran a personas en situación de calle o sin redes de contención?
En estos casos, el protocolo garantiza una intervención desde una perspectiva de derechos, priorizando la atención humanizada y la articulación interinstitucional. La ausencia de redes de contención no implica exclusión, sino la necesidad de reforzar la acción del Estado y de los dispositivos comunitarios de salud. La Provincia trabaja para asegurar que, aún en estas situaciones de mayor vulnerabilidad, se respeten los derechos a la salud, la dignidad y la libertad.
¿Cómo está organizada la respuesta del sistema de salud frente a las urgencias en salud mental?
El sistema de salud pública cuenta con dispositivos como el Servicio de Salud Mental del Hospital Vera Barros y unidades ambulatorias provinciales, organizados para atender urgencias en salud mental. Estos servicios trabajan en articulación con el 107, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para una intervención eficaz, rápida y respetuosa de los derechos del paciente.
¿Qué recursos humanos y logísticos están disponibles en las guardias para abordar estos casos?
Las guardias de los hospitales cuentan con personal capacitado en salud mental, médicos clínicos, enfermeros y psicólogos. Además, se dispone de medicamentos esenciales para estabilizar al paciente en situaciones de crisis. La articulación con los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad permite una respuesta coordinada y oportuna.
¿Qué criterios se aplican para decidir una internación involuntaria y cómo se garantiza el respeto de los derechos del paciente?
La internación involuntaria se rige por los criterios establecidos en la Ley Nacional de Salud Mental, que exige evaluación interdisciplinaria, situación de riesgo cierto e inminente y control de legalidad. El protocolo garantiza que toda intervención se realice respetando la dignidad, autonomía y derechos del paciente, con seguimiento interdisciplinario y control institucional.
¿Existen equipos interdisciplinarios móviles para atención en territorio?
Sí, existen equipos interdisciplinarios que intervienen en el territorio ante situaciones de crisis, conformados por una red de profesionales de la salud mental y trabajadores sociales. Esta estrategia permite una atención cercana, preventiva y con enfoque comunitario.
¿Qué seguimiento se realiza una vez que se produce la primera intervención o internación?
Tras la intervención inicial o una eventual internación, los equipos de salud mental realizan un seguimiento ambulatorio, articulado con dispositivos comunitarios, familiares y referentes afectivos. Se garantiza la continuidad del tratamiento, el control de la medicación y el acompañamiento terapéutico.
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el sistema de salud al implementar este protocolo?
Las dificultades principales radican en la necesidad de formación continua, coordinación efectiva entre áreas, escasez de recursos y resistencias al cambio de paradigma. A pesar de ello, el protocolo representa un avance sustancial hacia una atención digna, respetuosa de los derechos humanos y con un Estado presente frente a una problemática compleja y creciente.
Comentarios