El juez Jalil reactivó la causa de una nena de Nonogasta, víctima de su propio vecino y familiar que la sometió a un infierno de grooming, abuso sexual y un secuestro que marcó su vida. El expediente durmió en el edificio de Justicia desde 2016.
El horror creció con regalos y amenazas para callarla y abusar de ella. Todo estalló una madrugada: la sacó a la fuerza y la llevó a Córdoba en auto, jurando matar a sus padres si hablaba. El calvario terminó solo porque ella logró pedir auxilio en un control policial de la ruta.
Fue la madre quien impidió que el caso muera, peleando por su hija que hoy tiene 23. Ahora la carátula es gravísima: rapto y abusos con acceso carnal reiterados.
La justicia admite por fin que el terror que impuso este sujeto, usando la confianza familiar, no puede quedar impune.
Este paso judicial trae un mensaje urgente: los delitos contra la infancia no vencen. Mover el expediente confirma que, aunque el sistema sea lento, tiene la obligación de reparar el daño y perseguir a los culpables que se esconden en el paso del tiempo.
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