La Fundación El Libro manifestó este martes su “profunda preocupación” y su rechazo al proyecto de derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera (Ley 25.542), al considerar que la iniciativa amenaza la diversidad editorial y la continuidad de las librerías independientes en todo el país.
A través de un comunicado, el Consejo de Administración de la entidad sostuvo que la normativa “no constituye un simple mecanismo comercial”, sino que representa “la columna vertebral” que garantiza condiciones equitativas de competencia, la diversidad bibliográfica y la supervivencia de las librerías en el territorio argentino.
La institución remarcó además que la ley cuenta con el respaldo unánime de todos los actores de la cadena del libro, entre ellos editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos, quienes la han sostenido durante más de dos décadas como uno de los pilares de la actividad.
En ese marco, la Fundación destacó el rol de las librerías como espacios culturales que trascienden la venta de libros, al definirlas como “verdaderos faros culturales”, ámbitos de encuentro democrático y de promoción de la lectura.
Según la entidad, una eventual desregulación del precio del libro no aumentará la competencia, sino que dejará en situación de vulnerabilidad a los sectores más pequeños del mercado, como las librerías independientes, las editoriales de menor escala y los autores, al tiempo que favorecerá la concentración del negocio.
“La cultura es un derecho fundamental”, afirmó la Fundación El Libro, que convocó a todo el ecosistema editorial, a los lectores y a la sociedad en general a pronunciarse en defensa de las librerías.
Finalmente, el Consejo de Administración se declaró “en estado de alerta” y ratificó su compromiso de impulsar todas las acciones necesarias para preservar “el capital lector y cultural de los argentinos”.
Otro rechazo
La Cámara Argentina del Libro (CAL) manifestó su rechazo al proyecto que impulsa la derogación de la Ley N.º 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, al considerar que su eliminación afectaría la diversidad editorial, el acceso a la lectura y la supervivencia de las librerías independientes.
A través de un comunicado, la entidad, que nuclea a unas 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país, sostuvo que la normativa vigente desde 2001 constituye una herramienta clave para fortalecer el ecosistema del libro al garantizar que el precio de cada ejemplar, fijado por el editor, sea respetado en todos los canales de comercialización.
Según la CAL, el sistema de precio uniforme no restringe la competencia, sino que la orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento especializado, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores, evitando que el mercado quede dominado únicamente por quienes pueden aplicar mayores descuentos.
La cámara advirtió que una eventual derogación permitiría a grandes cadenas y plataformas de venta desarrollar políticas comerciales agresivas que pondrían en desventaja a las librerías de barrio y del interior del país, con el riesgo de cierres y una creciente concentración del mercado.
En ese sentido, remarcó que la bibliodiversidad argentina depende de una red federal de librerías y de condiciones comerciales equitativas que permitan la convivencia de grandes grupos editoriales con cientos de pequeñas y medianas empresas dedicadas a publicar literatura, ensayo, libros infantiles, investigaciones académicas y otras obras de menor escala comercial.
La entidad destacó además que la industria editorial sostiene miles de puestos de trabajo vinculados a autores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores, distribuidoras y editoriales, y afirmó que el sector registró un importante crecimiento desde la sanción de la ley.
Entre los principales resultados atribuidos a la normativa, la CAL señaló que desde 2001 se triplicó la cantidad de novedades editoriales publicadas, se duplicó el número de editoriales y el país consolidó una red de alrededor de 1.500 librerías, una de las mayores de América Latina en relación con su población.
Asimismo, sostuvo que el precio uniforme aporta previsibilidad al mercado, facilita el cálculo de las regalías de los autores y contribuye a combatir la piratería al establecer un valor de referencia para las ediciones legales.
La cámara también recordó que sistemas similares continúan vigentes en países con una fuerte tradición editorial como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.
Finalmente, la CAL afirmó que la Ley de Defensa de la Actividad Librera cuenta con un amplio consenso entre editores, libreros, distribuidores y autores, y advirtió que su derogación pondría en riesgo el desarrollo de la industria editorial argentina, reduciría la diversidad de títulos disponibles y limitaría el acceso de los lectores a una oferta plural.
Una declaración que lleva la firma de instituciones como la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines rechazó el proyecto presentado por el oficialismo para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, vigente desde 2001 (Foto: Libreria Hernandez)
La declaración subrayó que el Estado no determina el valor de los ejemplares: el precio lo fija el editor o el importador y la ley solo exige que se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista. Las entidades remarcaron que la norma no establece un “precio administrado” ni una “planificación cultural”, sino una regla para impedir que el libro sea usado como “producto gancho” para capturar mercado. Ese sistema rige en Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.
El documento presentó esa regulación como una herramienta para sostener una estructura comercial y cultural más amplia. Según el texto, la red de librerías hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y esas editoriales son las que publican a los nuevos autores. “La experiencia internacional desmiente la promesa oficial”, se lee junto al caso del Reino Unido donde, luego de la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación.
Australia, otro antecedente: el fin del acuerdo de precio en 1972 derivó en una caída de librerías de 2.879 a 1.457 en diez años. “Cuando el canal librero se debilita, la pérdida se reparte: los lectores pierden un espacio de referencia y recomendación; las ciudades, uno de sus motores culturales; las editoriales, dónde mostrar y comercializar lo que publican; los libros de circulación lenta, su tiempo en el estante. Y los nuevos autores y autoras -los consagrados de mañana- donde ver sus obras publicadas y valoradas”.
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