El Ministerio de Seguridad le retiró el arma reglamentaria y el chaleco antibalas al personal identificado en el marco de las movilizaciones. Son investigados por abandono de servicio y parálisis de patrulleros.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos tras la protesta policial que afectó el patrullaje preventivo. La medida incluyó el retiro inmediato del arma reglamentaria y el chaleco antibalas de los agentes identificados.
Durante una conferencia de prensa en Rosario, el funcionario precisó que se detectaron "hechos de abandono del servicio, paralización de móviles y acciones" que perjudicaron la seguridad pública. Según detalló, unas veinte unidades quedaron inmovilizadas durante las manifestaciones de las últimas horas.
Cococcioni advirtió que el Ejecutivo no permitirá maniobras de desestabilización interna. Al respecto, el ministro sentenció: “Utilizar a la institución y a sus funcionarios para minar la seguridad es cruzar una línea, y eso no lo vamos a consentir”.
El Gobierno provincial vinculó parte de las protestas con grupos desplazados de la fuerza por graves hechos de corrupción. La gestión de Maximiliano Pullaro trabaja junto al Ministerio Público de la Acusación para determinar responsabilidades penales en quienes buscarían recuperar "posiciones de poder y privilegio".
Conflicto salarial y reclamos de la fuerza
Pese a las sanciones, el ministro intentó separar el accionar delictivo del malestar general por las condiciones de trabajo. “Nosotros compartimos los reclamos y somos los primeros en destacar los problemas de nuestras fuerzas; es un reclamo que juzgamos atendible”, afirmó.
Las manifestaciones, que tuvieron su epicentro frente a la Jefatura de Rosario y la Casa de Gobierno en Santa Fe, fueron protagonizadas por policías, agentes penitenciarios y familiares. Los petitorios entregados exigen mejoras salariales urgentes, cambios en la política de traslados y mayor equipamiento.
La tensión se mantuvo durante la madrugada con sirenas y concentraciones en puntos estratégicos. Los manifestantes subrayaron que el sueldo se encuentra "deteriorado" y reclamaron una mesa de diálogo que incluya el reconocimiento del Servicio Penitenciario como fuerza de seguridad plena.
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