La quinta sesión ordinaria del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja, reprogramada para este miércoles a las 14, nuevamente no contó con el quórum necesario para llevar a cabo la misma.
En la oportunidad, consiliarios presentes aprovecharon la ocasión para referirse a los hechos sucedidos el pasado viernes 30 de junio en la OSUNLaR, y se solidarizaron con los trabajadores que se desempeñan en la institución por la intervención que llevó adelante la Policía de la Provincia en las instalaciones de la obra social. El presidente del Cuerpo, Daniel Quiroga, también hizo uso de la palabra y lamentó que la sesión no contara con el quórum necesario para que, como máximo órgano colegiado, se pronuncien respecto a esta situación. “Al no haber una respuesta por parte del Consejo Superior, como rector, en forma personal, en las próximas horas presentaré la denuncia de lo sucedido ante el ámbito que corresponde que es la Justicia Federal”, adelantó Quiroga y sostuvo que “si bien el pronunciamiento que voy a leer no es compartido por todos los integrantes del Consejo Superior, no vamos a ser cómplices de la violencia, del silencio ni de las irregularidades que puedan haber sucedido en la OSUNLaR y que deben ser investigadas”.
Pronunciamiento
Por su parte, el presidente del Cuerpo, Daniel Quiroga, también hizo uso de la palabra y lamentó que la sesión no contara con el quórum necesario para que, como máximo órgano colegiado, se pronuncien respecto a esta situación.
“Al no haber una respuesta por parte del Consejo Superior, como rector, en forma personal, en las próximas horas presentaré la denuncia de lo sucedido ante el ámbito que corresponde que es la justicia federal”, adelantó Quiroga y sostuvo que “si bien el pronunciamiento que voy a leer no es compartido por todo los integrantes del Consejo Superior, no vamos a ser cómplices de la violencia, del silencio ni de las irregularidades que puedan haber sucedido en la OSUNLaR y que deben ser investigadas”.
A continuación el pronunciamiento textual que finalmente no fue puesto a consideración del Cuerpo por falta de quórum:
Que, según los informes mencionados y los hechos de público conocimiento, la fuerza policial perteneciente a la jurisdicción provincial, en virtud de una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo del Dr. Barría, se hizo presente en las instalaciones del Hospital Virgen María de Fátima, donde funciona las dependencias de OSUNLaR, con el objeto de secuestrar material detallado en el oficio, en el marco de la causa caratulada “ Toro Ana Laura -Usurpación de Autoridad”.
Que, la denuncia efectuada contra la sra. Toro se da en el marco de haber asumido como presidenta a cargo de OSUNLAR, según lo manda el estatuto, ante la decisión del Consejo Directivo con base a sus atribuciones estatutarias, de apartar del Cargo a la Cra. María del Carmen Corzo.
Que el art. 15 del estatuto de OSUNLaR, aprobado por ord. C.S. N°130/2000, establece que el rector de la Universidad en forma conjunta con el Consejo Superior ejercerá el control de la gestión y fiscalizara el cumplimiento de este Estatuto.
Que, el art. 49 del estatuto OSUNLaR, Ord. 130/2000, establece que como entidad civil se regirá por las disposiciones legales vigentes en jurisdicción nacional.
Que la Síndico efectuó informe ante el Consejo Superior, del cual se colige que podría haberse cometido una serie de irregularidades por las que el Consejo Superior solicitó que se constituyera una comisión ad hoc que realizara la función de veedores de la sesión del Consejo Directivo de OSUNLaR, la que dispuso finalmente iniciar una investigación administrativa para determinar posibles responsables de los hechos denunciados.
Que en virtud de lo establecido en el art. 116 de la Constitución Nacional las causas en la que circunscriba a la Universidad Nacional corresponden su conocimiento y decisión a los tribunales Nacionales.
Que, la Universidad Nacional es competencia federal según art. 2 inc 6 de Ley 48 que instituye la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales.
Que la Ley de Educación Superior N° 24521 establece en su art. 31 “…La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida...”
Que es competencia de este cuerpo colegiado es resguardo del patrimonio de la Universidad según lo manda el Estatuto Universitario en su art 74 inc. 26 concordante con el art. 22 primer párrafo del Reglamento Interno de este Consejo.
Que en razón de ello, es propósito de este órgano de gobierno sancionar la presente en el carácter de “Declaración” en los términos establecidos en art. 22 inc b) ord. 181/2020 Reglamento Interno del Consejo Superior”.
Por ello, se resuelve:
ARTÍCULO 1°: REPELER la intromisión de las fuerzas policiales de jurisdicción provincial, por orden emanada del Juzgado de Instrucción N° 2 de la circunscripción N° 1 de la Provincia de La Rioja en el edificio propiedad de la UNLAR, correspondiente al uso del Hospital Virgen María de Fátima.
ARTÍCULO 2°: INSTRUIR al Rector que a través del área legal competente. Realice las acciones judiciales de rigor, tanto para recabar información respecto al hecho llevado a cabo el día 30 de junio del corriente año, descripto en el considerando de la presente, como para hacer las denuncias por incompetencia y/o abuso de autoridad si correspondiese.
ARTICULO 3°: INSTRUIR al Rector para que realice denuncia penal ante la justicia federal por la posible comisión de delitos llevados a cabo en la administración de OSUNLaR.
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