Tras el sorteo realizado en la XV Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, las organizaciones de la sociedad civil que formarán parte de este espacio interinstitucional durante al año 2022, tomaron contacto con la Coordinación Nacional a cargo del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, para iniciar el trabajo conjunto.
Se trata de representantes de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, el Centro de Capacitación y Acción en Proyectos Sociales "Juanita Moro", y la Asociación Red de Alerta contra el Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial, quienes manifestaron su entusiasmo porque la labor de sus organizaciones sea tenida en cuenta en el marco de las Comisiones que trabajan en el seguimiento de los temas vinculados a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Elegidos en el 4to sorteo realizado en el marco del Consejo, las ONG tendrán voto en cada una de las decisiones que se tomen durante las reuniones. Fueron seleccionadas por un Escribano General, entre un listado de organizaciones que integran el "Registro de Organizaciones No Gubernamentales candidatas a integrar el Consejo Federal".
Durante la XV reunión del Consejo Federal, se propuso también sortear otras tres organizaciones, en carácter de suplentes, en caso de que alguna de las tres primeras no pudiera cumplir con su rol.
Las tres asociaciones suplentes son: La Asociación Civil Familias por la Vida, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Asociación Civil Activar Personas -Vínculos Humanistas-.
Subastan el primer inmueble
La Ley 26.842 de Prevencion y Sanción de la Trata de Personas establece que los decomisos en el marco de causas vinculados al delito de trata tendrán como destino el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas.
El próximo 25 de marzo la Agencia de Administración de Bienes del Estado iniciará la primera subasta virtual y pública de un inmueble para resarcir económicamente a víctimas del delito de trata, en el marco de la implementación del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas.
El decomiso del inmueble fue ordenado por la Justicia Federal en 2016. Se trata del remate de la venta del predio y las instalaciones en la que funcionó durante 30 años el prostíbulo "Negro el 20", ubicado en la localidad santiagueña de La Banda. La base de la subasta es de 26 millones de pesos para el terreno que cuenta con más de 1.200 metros cuadrados y una construcción que supera los 300 metros cuadrados.
La causa judicial se inició en 2012. Quienes manejaban el prostíbulo captaron a una joven oriunda de la provincia de Misiones mediante una falsa promesa laboral, y la trasladaron a la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, donde fue explotada sexualmente en un local nocturno. La víctima relató haber padecido abuso sexual, violaciones y otros tipos de violencias. Contó también que allí se encontraban otras mujeres en su misma situación oriundas de otras provincias del país.
Poco tiempo después, la víctima fue trasladada a Misiones acompañada por un hombre que se hizo pasar por su novio y otro individuo que actuaba como amigo, con el fin de captar a dos hermanas de la joven, quienes eran menores de edad. Un integrante de la familia se alertó ante la situación y realizó la denuncia.
Por estos hechos, en agosto de 2014 el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a José Luis Luna, el principal imputado, a la pena de cinco años de prisión, y le impuso una pena de tres años a otros dos hombres. Todos ellos fueron acusados de captar, trasladar y explotar sexualmente a la joven misionera.
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