El Gobierno de La Rioja analiza una iniciativa para regular el mercado de alquileres en la provincia, ante el fuerte incremento de los precios y la falta de normativa nacional que brinde protección a los inquilinos. Así lo confirmó el ministro de Vivienda, Tierra y Habitat Social Ariel Puy Soria, quien anticipó que el tema ya se encuentra en debate con legisladores y con el propio Gobernador.
“Queremos consensuar con todos los sectores involucrados un proyecto que contemple los derechos de ambas partes, pero que fundamentalmente devuelva equilibrio y previsibilidad al sistema.
Hoy toda la legislación nacional protege al propietario. En un año o año y medio, los alquileres serán inalcanzables para la gente”, advirtió Puy Soria.
En lo que va de 2025, el costo de los alquileres aumentó un 85%, según datos de la Unión de Inquilinos de La Rioja. Su presidenta, Vanesa Córdoba, explicó que las subas mensuales “exceden ampliamente el índice de inflación” y que la desregulación posterior a la caída de la ley nacional dejó a los inquilinos “indefensos ante un sistema donde la regla es el ‘sálvese quien pueda’”.
Córdoba agregó que “muchas familias ya destinan más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler y los propietarios fijan precios sin controles ni topes”.
Aunque La Rioja se encuentra entre las provincias con mayor proporción de propietarios de vivienda del país, el impacto de la crisis económica se siente también en los sectores comerciales e industriales. En Chilecito, por ejemplo, tres locales del centro quedaron esta semana sin luz por falta de pago, reflejando las dificultades que enfrentan los comerciantes ante la caída de ventas y el aumento de los servicios básicos.
Desde el Ministerio de Gobierno anticiparon que el proyecto de regulación provincial buscará establecer mecanismos de mediación y acuerdos de referencia de precios, así como herramientas para evitar desalojos arbitrarios y promover incentivos fiscales a quienes mantengan contratos estables.
El borrador podría presentarse en las próximas semanas para iniciar el debate en la Legislatura, con el objetivo de alcanzar un consenso amplio entre inquilinos, propietarios y el sector inmobiliario.
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