El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. El expediente analiza el origen de una transferencia por USD 200.000 que recibió en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos y que estaría vinculada al empresario Federico "Fred" Machado.
La audiencia fue fijada para las 10.30 ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y será la primera vez que el economista declare en el marco de esta investigación, según confirmaron fuentes judiciales.
La transferencia bajo investigación
La causa se originó a partir de una transferencia de USD 200.000 enviada a una cuenta de Espert desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las empresas que, según la investigación judicial, habría sido utilizada por una red dedicada al presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y vinculada a Machado.
El exlegislador renunció a su candidatura en 2025 luego de que trascendiera públicamente su vínculo con el empresario y la existencia de esa transferencia.
Actualmente, Machado permanece detenido en una cárcel de Texas, Estados Unidos, donde aceptó declararse culpable por los delitos de lavado de activos y fraude. Ese acuerdo le permitió evitar ser juzgado por narcotráfico, un delito que contempla una pena mínima de diez años de prisión en ese país.
Los otros imputados en la causa
Además de Espert, la investigación tiene como imputados a Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A., la sociedad que el exdiputado constituyó junto con su esposa, María de las Mercedes González.
Según la acusación, Cosentino habría actuado como "partícipe necesario" al firmar documentación presuntamente falsa para justificar el origen de los fondos, lo que habría permitido utilizar ese dinero en la compra de vehículos y la realización de operaciones inmobiliarias.
La explicación de Espert
Durante la investigación, Espert sostuvo que los fondos provenían de un contrato de locación de servicios por aproximadamente un millón de dólares para brindar asesoramiento a la empresa Minas del Pueblo, con sede en Guatemala y representada por el propio Machado.
Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez, el exdiputado no logró acreditar viajes a Guatemala ni otras pruebas que respaldaran la prestación efectiva de esos servicios.
Para la fiscalía, Minas del Pueblo podría haber funcionado como una empresa pantalla destinada a simular contrataciones y justificar movimientos de dinero que, en realidad, tendrían otro origen.
Con la indagatoria prevista para este martes, la Justicia buscará avanzar en el esclarecimiento de las operaciones financieras investigadas y determinar si existen elementos suficientes para sostener la imputación por presunto lavado de activos.
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