Con este avance, la querella sostiene que ya se puede hablar formalmente de torturas cometidas dentro de la dependencia policial.
De acuerdo con la calificación legal, los acusados enfrentan una posible pena de hasta 8 años de prisión. A pesar de la gravedad de la acusación, hasta el momento no hay ninguna persona detenida en el marco de la investigación.
En el plano administrativo, se informó que los imputados se encuentran actualmente bajo licencia médica o administrativa, pero continúan sin haber sido suspendidos de sus cargos. Por su parte, la defensa legal señaló que todavía no han tenido acceso formal al dictamen fiscal para conocer en detalle los fundamentos de la medida.
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