El instructor de perros Marcos Herrero fue condenado en Bahía Blanca por el delito de “falso testimonio agravado” en el caso Facundo Astudillo Castro. Herrero había declarado en el juicio por la desaparición y posterior muerte del joven en 2020 y, según la Justicia, mintió y plantó pruebas que podrían haber desviado la investigación.
Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense lo sentenció a la pena de 7 años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, unificando la pena anterior a la que había sido condenado en Mendoza por encubrimiento simple.
Además, lo inhabilitó de forma absoluta y por 14 años para ejercer su profesión, ya que Herrero se dedica a adiestrar perros y se presenta desde hace años como un perito especialista en levantamiento de rastros en casos policiales.
Esto fue resuelto por el juez Ernesto Sebastián, quien rechazó el planteo de nulidad que había presentado la defensa y consideró al procesado “autor penalmente responsable del delito de falso testimonio reiterado (7 hechos) agravado, por haber sido cometido en una causa criminal contra los inculpados”.
El fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González da Silva, había solicitado en su alegato la pena de 8 años y 6 meses de prisión para el imputado.
Tras la condena, el hombre de 49 años y oriundo de Viedma, quien por el momento cumple arresto domiciliario, no irá preso hasta que el fallo quede firme.
En tanto, según el documento la lectura de los fundamentos de la sentencia se llevará a cabo el martes 29 de abril, a las 13.30.
Antes del veredicto, y con el juicio ya cerrado, Marcos Herrero tuvo la oportunidad de dar sus últimas palabras. Si bien se extendió al contar sus “antecedentes académicos”, declaró: “No soy un improvisado, me fui capacitando”.
Luego de detallar su recorrido por la Policía de Río Negro y otras instituciones, insistió en que es “un profesional, con errores y aciertos”.
La desaparición y muerte de Facundo: no hay detenidos y la causa tuvo varios fiscales
Facundo Astudillo Castro salió de su casa ubicada en Pedro Luro el 30 de abril de 2020 hacia la localidad de Bahía Blanca, donde pensaba reencontrarse con su exnovia. Nunca llegó a destino y en el medio, según consta en el expediente que investiga la Justicia Federal, fue retenido por policías que le labraron un acta por haber transgredido la medida de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesta por la pandemia del Covid-19.
Cerca de las 13.30 del mismo día, Cristina recibió un llamado de su hijo. “Mamá, no te das una idea de dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver”, le dijo. Después, la comunicación se cortó. Esa fue la última vez que lo escuchó vivo.
Su cuerpo fue encontrado 107 días más tarde, el 15 de agosto de 2020, en un cangrejal de General Cerri, Bahía Blanca, que ya había sido rastrillado sin éxito por la policía tan solo 48 horas antes.
La autopsia determinó más de un mes después que Astudillo Castro había muerto por “asfixia por sumersión”, que los “restos óseos no presentaban lesiones vitales de origen traumático” y que se trató de “una muerte violenta”, sin poder determinarse si fue un suicidio, un homicidio o un accidente.
Sin embargo, para Cristina Castro y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, es más que evidente lo que pasó: están convencidos de que al joven lo mataron oficiales de la policía de Villarino.
“La causa está estancada y me indigna mucho. No hay imputados y los policías sospechados siguen en funciones. Con muchas menos pruebas, en otras causas a esta altura ya habría detenidos”, le dijo Castro al cumplirse tres años del caso.
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