El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, un pedido de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas, reclamo que apunta principalmente al proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.
Las audiencias comenzaron este martes y se extenderán hasta el miércoles. Se trata de la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional. El Gobierno busca impedir la continuidad de las actividades hidrocarburíferas mientras se resuelve el arbitraje.
Durante la presentación argentina, el embajador y asesor legal de la Cancillería, Mario Javier Agustín Oyarzábal, sostuvo que Buenos Aires buscó reiteradamente la cooperación británica, pero que Londres respondió con la concesión unilateral de licencias de exploración.
También recordó la declaración conjunta firmada por ambos países en 1995 sobre cooperación en actividades marítimas en el Atlántico suroeste y afirmó que las autorizaciones británicas, incluida la del yacimiento Sea Lion, agravaron la disputa.
Además, argumentó que las decisiones británicas contradicen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a las partes a no adoptar medidas unilaterales mientras continúa la controversia por la soberanía de las islas.
El especialista Marcelo Kohen defendió la competencia del Tribunal del Mar para resolver el pedido de medidas cautelares. Explicó que la Argentina no solicita una definición sobre la soberanía de las Malvinas ni sobre cuál de las partes es el Estado ribereño, sino que busca evitar una alteración irreversible de la plataforma continental en disputa y prevenir nuevas acciones que agraven el conflicto.
El planteo se refiere a una zona en la que las autoridades británicas concedieron media docena de licencias para la explotación de hidrocarburos. Entre ellas se encuentra Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros al norte de las Malvinas. El proyecto fue aprobado a fines de 2025 y está operado por la petrolera israelí Navitas, que tiene una participación del 65%, junto con la británica Rockhopper, que posee el 35%. Las empresas estiman que el área contiene el equivalente a 1.700 millones de barriles de crudo.
La delegación oficial argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. También la integran Oyarzábal, quien actúa como agente del país; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania.
La presentación fue preparada por equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.
La defensa cuenta además con tres especialistas internacionales: Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.
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