La obra social de la UNLaR, la OSUNLaR, determinó el pasado viernes realizar una denuncia penal ante la justicia contra ex funcionarios por lo que considera un “perjuicio patrimonial” por USD 685.000 que a la fecha serían $746.000.000.
Entre los denunciados se encuentra el ex rector Daniel Quiroga, a quien se le endilga “la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, administración desleal y/o cualquier otro ilicito que el Ministerio Público Fiscal determine como aplicable en el marco de la investigación”.
Entre los conceptos formulados en la denuncia se señala “indebida asignación de fondos” pese a la advertencia de tres “informes técnicos” en los cuales se “advertía expresamente la falta de disponibilidad de recursos para afrontar nuevas erogaciones”.
Ante ello, se pide la inhibición de bienes de Daniel Quiroga y el otro denunciado Lucas Zapata (ex gerente general de OSUNLaR) al señalar que “estos dispongan de sus patrimonios, se insolventen o frusten cualquier acción futura tendiente a la reparación del daño ocasionado”.
Entre los cuestionamientos a la administración Quiroga como interventor se suman algunos de color como que “había gastos millonarios en regalos para empleados en el Día del Padre” pese a que sus cuentas estaban en rojo o que “nunca se puso en conocimiento del Consejo Superior el gasto de inversión en dólares”.
Quiroga asumió en la OSUNLaR como interventor en marzo de 2024 mientras era rector de la UNLaR en el último año de su gestión al frente de la Casa de Altos Estudios, ya que una vez realizado los comicios de autoridades resulta rectora electa Natalia Albarez Gómez, hoy al frente de los destinos de la universidad riojana.
Las irregularidades
En febrero pasado, autoridades universitarias en una conferencia de prensa adelantaron el panorame encontrado en cuanto a lo económico.
El auditor titular, Dr. Joaquín Pistone, y el auditor adjunto, Dr. Enrique Sosa, presentaron un informe preliminar que revela irregularidades administrativas y presupuestarias de gran magnitud.
Se detectaron irregularidades en: Pagos de adicionales sin financiamiento, que habrían generado una pérdida de aproximadamente $34.160.010,24. Pagos de sumas millonarias en concepto de adicionales sin adecuación presupuestaria. Un caso de un agente no docente con licencia gremial desde 2014, que habría percibido aproximadamente $2 millones mensuales. Nombramientos de docentes investigadores sin reunir las condiciones necesarias por reglamento. Convocatorias a proyectos de investigación sin financiamiento. Ejecución de garantías salariales para categorías 6 y 7 que habrían dejado un déficit de casi $60 millones. Redacción de Resoluciones Rectorales Mellizas, que habrían permitido a un grupo selecto de personas obtener categorías en áreas inexistentes.
También se informó sobre un daño patrimonial en el parque automotor, con un monto adjudicado y recaudado de $18.685.000, y un precio de mercado de $64.000.000.
Desorden administrativo
La universidad se encuentra en un grave estado, con un desorden administrativo y presupuestario muy grande. Las actuales autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Natalia Álbarez Gómez y el vicerrector Luis Oviedo, han iniciado un proceso de auditoría general de corte de gestión para esclarecer estos hechos y tomar las medidas necesarias para rectificar la situación.
Entre los hallazgos más significativos se encuentra: Un déficit total acumulado de $2.252.228.593,05, entre en los años 2023 y 2024.
La conferencia de prensa se realizó en la sala Joaquín Víctor González, ubicada en el hall del rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja.
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