El fiscal Gerardo Pollicita impulsa una acción penal en la causa N° 2104/2024, revelando un escándalo relacionado con la adquisición de yerba mate no apta para el consumo humano.
La denuncia presentada por Leila Daniela Gianni, Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, expone la compra de doce millones de paquetes de yerba mate que no cumplieron con los estándares de calidad y seguridad.
La acusación del fiscal
El fiscal Pollicita, en su requerimiento de instrucción, manifestó que la adquisición de yerba mate se realizó "sin garantizar la seguridad y los controles sanitarios correspondientes". Esta irregularidad apunta a una posible defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad.
La denuncia, presentada por Gianni, señala a varios funcionarios públicos y empresas implicadas. Entre ellos se encuentran Victoria Tolosa Paz, ex Ministra de Desarrollo Social, Agustín Rossi, ex Jefe de Gabinete, y Leonardo Moyano, ex Secretario de Articulación de Política Social.
Las empresas involucradas en la licitación son Compañía Comercial Mayorista SRL, Ignacio Kleñuk y Hugo Holowaty.
Según la denuncia, estos funcionarios públicos habrían permitido la adquisición de yerba mate que contenía sustancias nocivas como "parénquima, parénquima lagunoso y cristales de oxalato de calcio", las cuales son peligrosas para el consumo humano.
Lo que se Investiga
El proceso de adquisición de la yerba mate se realizó eludiendo los controles del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), delegando la evaluación técnica a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Según Gianni, esta casa de estudios tiene "un vínculo económico y político con las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social".
La denuncia destaca que la yerba mate adquirida estaba en mal estado, como lo confirmaron varios informes de auditoría. Por ejemplo, un informe de la Bioquímica Raquel María Fretes concluyó que la yerba "no se ajusta a los parámetros establecidos por la IRAM 20531:2015".
Medidas olicitadas por el Fiscal Pollicita
Además, se ha pedido resguardar el material objeto de investigación y ordenar otras medidas que el juez estime necesarias.
Este escándalo pone en evidencia las graves irregularidades en la adquisición de productos destinados a la asistencia social durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández.
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