Este viernes se cumple un año de que tomara estado público la presunta muerte intencional de cinco bebés nacidos sanos en un hospital neonatal de Córdoba, causa que tiene una decena de imputados con distintas responsabilidades y que, según las manifestaciones del fiscal Raúl Garzón que está a cargo de la investigación, se está avanzando en los últimos tramos hacia la elevación a juicio.
El funcionario judicial recibió este jueves en su despacho a las madres de las cinco víctimas, con sus respectivos abogados querellantes, y luego de ese encuentro expresó a los medios locales que en este año de investigación “se avanzó notablemente y se empieza a concluir con las medidas periciales y otros informes” para luego transitar hacia la elevación a juicio.
Garzón dijo que convocó a una reunión con las familias para “rendir cuentas a cada mamá y papá sobre cómo se tramita la causa, lo que se ha hecho, lo que vamos a seguir haciendo y también el porqué de algunas demoras”.
Luego explicó que resta valorar el total de las pruebas para determinar si hay mérito para sostener la acusación de la enfermera Brenda Agüero (28), la única detenida y sindicada como autora responsables de las muertes de los cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba, ocurridos entre marzo y mayo de 2022.
Agüero también está acusada como autora de ‘tentativa de homicidio’ sobre ocho casos de bebés que sobrevivieron a la presunta maniobra criminal.
La abogada Daniel Morales Leanza, representante de cinco familias, manifestó a Télam que está “conforme” con los avances de la investigación, y que el fiscal Garzón le informó este jueves que “sigue sosteniendo las imputaciones y las calificaciones legales de todos los imputados”.
La letrada detalló, también, que planteó “ampliar algunas de las imputaciones”, además de solicitar otros trámites procesales vinculados a pruebas testimoniales, documentales y periciales.
En tanto el abogado Gustavo Nievas, uno de los defensores de la enfermera Agüero -que se encuentra alojada desde el 11 de agosto del 2022 en el penal de mujeres de Bouwer, en la capital cordobesa- afirmó a Télam que “no hay elementos de pruebas para sostener la acusación ni la prisión preventiva” que pesa sobre su clienta.
Agüero, enfermera que trabajaba en el hospital donde ocurrieron los hechos, está imputada por los delitos de “homicidio calificado por método insidioso” contra cinco bebés por la presunta aplicación de inyectables con potasio luego de nacer y que causaron la muerte de las criaturas.
También se le adjudica el mismo delito, pero en grado de “tentativa”, por otros ocho bebés que sobrevivieron luego de recibir esas dosis.
El abogado Nievas descartó la hipótesis que plantea el fiscal con respecto a la muerte de los recién nacidos y que, según los resultados de las pericias de la defensa, sostienen que “en las muertes hubo un común denominador y se trata de una asepsia generalizada, y no porque se haya inyectado potasio”.
Al respecto, dijo que se solicitó al fiscal Garzón que investigue a las autoridades del hospital neonatal por el “ocultamiento de estos hechos”, al sostener que “estaban al tanto y cuando se destapó hicieron desaparecer partidas de remedios, que podrían ser medicamentos adulterados o experimentales”.
Afirmó, además, que “modificaron absolutamente la escena del crimen, todos los lugares donde ocurrieron los hechos, tanto del centro obstétrico, el sector neonatal y el espacio del cuidado a las madres”, supuestamente para “ocultar elementos probatorios muy importantes sobre lo que ocurría”, que para “frenar o tapar el escándalo apuntaron a Brenda”, dijo al referirse a la enfermera.
“Brenda es una chica que ama su profesión y ama a los bebés. Las pericias médicas y psicológicas no advierten en Brenda patologías asociadas a lo criminal”, afirmó y consideró “difícil sostener la prisión preventiva porque las pruebas han comenzado a desmoronarse, pero mientras tanto están destruyendo la vida de una persona”, remarcó.
Al cumplirse un año de estos hechos, las familias de las víctimas convocaron a una marcha a las 18 de este viernes frente al hospital neonatal, para renovar el reclamo para el esclarecimiento y justicia de esas muertes.
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto del año pasado a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo y otros dos el 6 de junio del año 2022.
Los informes determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
Solo a dos de los fallecidos se le realizaron las autopsias, en tanto los restantes tres fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para ser sometidos a estudios de ADN.
Además de Agüero están acusados el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.
También Marta Gómez Flores y Adriana Morales, las dos jefas del área Neonatología, por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La ex directora del Materno Neonatal, Liliana Asís está imputada por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”; la ex subdirectora médica Claudia Ringelheim y la ex jefa de Enfermeras Alicia Ariza, enfrentan el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.
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