La primera medida cautelar fue resuelta favorablemente en la Justicia Provincial, lo que marca un precedente clave en la defensa de los sectores más vulnerables.
“El objetivo es que ninguna persona quede desprotegida. Presentamos amparos para que quienes sufrieron descuentos recuperen su pensión y para evitar que se concrete la quita a otros beneficiarios”, explicó Mercado Luna. Según precisó, los defensores públicos de toda la provincia recibieron instrucciones para asistir a quienes enfrenten esta situación, acercando la Justicia a poblaciones alejadas del ámbito federal.
El funcionario sostuvo que la medida responde a un contexto político de “crueldad” en el discurso oficial. “Se descalifica al jubilado, al incapacitado, al que piensa distinto. Es un clima de violencia simbólica que profundiza la exclusión. Por eso insistimos en no perder la solidaridad y en priorizar a quienes más sufren”, remarcó.
Mercado Luna también cuestionó las recientes decisiones del gobierno nacional vinculadas a la educación y la política social. “Yo me crié en la escuela y la universidad públicas. El Estado no es malo ni bueno por sí mismo: depende de las personas que lo integran y de la voluntad de mejorar. Lo que preocupa es que se legitime un camino de insultos, violencia y exclusión”, afirmó.
El defensor general concluyó que la política económica actual “busca cerrar los números a costa de la gente”, comparando la situación con una familia que ajusta su presupuesto dejando de comprar alimentos básicos o de pagar servicios esenciales. “Que cierren los números no significa que el pueblo esté mejor”, señaló.
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