El hecho investigado tuvo lugar el 17 de septiembre de 2017, entre las 13 y las 14, en una vivienda del barrio Niño de Hualco. Según la reconstrucción incorporada al expediente, el policía David Emanuel Aguilar dejó su arma reglamentaria —una pistola FM Hi-Power calibre 9 milímetros— cargada sobre un estante del ropero del dormitorio que compartía con la víctima, antes de retirarse para cumplir una custodia.
De acuerdo a la investigación, Ivana Soledad Quintero manipuló el arma y se produjo un disparo que ingresó por la zona anterior del abdomen y salió por el glúteo izquierdo. La trayectoria fue oblicua y la herida derivó en un shock hipovolémico por hemorragia, cuadro que finalmente causó su muerte.
La imputación inicial encuadró el caso como homicidio culposo, al considerar que existió una violación del deber de cuidado. En ese sentido, la acusación sostuvo que el efectivo dejó el arma cargada, sin seguro y al alcance de terceros, además de no portarla consigo pese a que debía hacerlo en función de su servicio y de las normativas vigentes.
Sin embargo, el eje que terminó definiendo el expediente no fue la discusión sobre la responsabilidad penal, sino el paso del tiempo sin avances sustanciales. Según explicó la Fiscalía, el delito imputado prevé una pena máxima de cinco años, lo que fija el plazo de prescripción. Tras la indagatoria realizada el 22 de febrero de 2021, durante más de tres años no se registraron actos procesales relevantes que interrumpieran ese plazo.
En el expediente también se dejó constancia de demoras estructurales, ya que la causa permaneció dentro de un conjunto de actuaciones “para resolver y/o decretar sin detenidos”, con atraso atribuido a la falta de instructor. Para el Ministerio Público, esa inactividad resultó determinante para que el tiempo legal se agotara.
Con ese fundamento, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento y el juez subrogante Marcelo Carrizo resolvió el cierre de la causa por prescripción. La decisión fue notificada a los padres de la víctima, quienes quedaron sin la posibilidad de un juicio y sin una sentencia que esclarezca responsabilidades.
Desde el entorno del caso, se expresó malestar por el desenlace y se señaló que se trata de “otra familia que se queda sin un juicio justo”, en un contexto donde la demora judicial terminó siendo el factor decisivo.
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