Desde el organismo que conduce Ariel Puy Soria, fueron tajantes al aclarar que no existen gestores autorizados ni intermediarios, y que ningún trámite oficial requiere pagos informales.
Tolerancia cero
La cartera provincial enfatizó que estas prácticas son ilegales y buscan aprovecharse de la necesidad habitacional de los riojanos. En este sentido, las autoridades señalaron la responsabilidad compartida en estos actos ilícitos:
“Es tan estafador el que supuestamente vende como el que compra. No vamos a permitir ningún acto de corrupción. Aquí no se cobra absolutamente nada a nadie”.
El Ministerio instó a los vecinos a no caer en engaños y solicitó que, ante cualquier sospecha o contacto por parte de estos falsos gestores, se reúnan pruebas para realizar la denuncia judicial correspondiente y hacerlo público.
Información clave para la comunidad
Para evitar fraudes, es fundamental que la población tenga en cuenta que ninguna instancia de la adjudicación de viviendas requiere el pago de dinero a particulares. Se trata de un proceso de gratuidad total.
Además, los trámites son estrictamente personales. Al no haber gestores externos habilitados para llevarlos a cabo, todas las averiguaciones e inscripciones deben realizarse únicamente a través de los canales y oficinas oficiales del Ministerio.
El Gobierno riojano mantiene una política firme de control y transparencia para garantizar que el acceso a la vivienda sea justo, legal y sin el accionar de oportunistas.
La vivienda como política de Estado
A pesar del complejo escenario económico, la Provincia reafirmó su compromiso con el techo propio, destacando que en los últimos años se logró entregar más de 6.000 soluciones habitacionales en todo el territorio provincial.
En cuanto a las características de las obras, las autoridades señalaron con orgullo que La Rioja es la única provincia del país que entrega viviendas con un tercer dormitorio, una decisión pensada para mejorar las condiciones de las familias beneficiarias.
Finalmente, subrayaron que el desarrollo de estos programas demanda un enorme sacrificio económico de las arcas provinciales, especialmente en un contexto de restricciones financieras impulsadas por la Nación. “La construcción de viviendas es una política de Estado que demanda un gran esfuerzo, por lo que no podemos permitir que delincuentes jueguen con la ilusión de las familias”, concluyeron.
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