Hoy se cumplen 23 años de la desaparición de María de los Ángeles `Marita´ Verón, una joven de 23 años que fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán, cuando salió de su casa para ir al médico y nunca más volvió. Su mamá, Susana Trimarco, convirtió la historia en emblema y a la trata de personas en delito.
Marita Verón era una joven estudiante de abogacía que vivía con su familia en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Su familia, preocupada por su desaparición, denunció el hecho a la policía, pero las autoridades tardaron en reaccionar y no tomaron medidas efectivas para encontrar a la joven.
Tras pasar los días, la familia de Marita y sus amigos comenzaron a sospechar que algo grave había sucedido. Comenzaron a realizar sus propias investigaciones y a presionar a las autoridades para que tomaran medidas más efectivas para encontrar a Veron.
Finalmente, después de varios meses de búsqueda, la familia de Marita descubrió que la joven había sido víctima de un secuestro y que había sido vendida a una red de trata de personas.
Se presentaron decenas de pruebas y de testigos que habían sido recolectados, en gran parte, por la madre de la víctima, Susana Trimarco, quien, desde el día cero se puso al frente de la incansable búsqueda de su hija.
Tras varias investigaciones, la sentencia llegó en abril de 2014, luego de 12 años y estableció condenas de entre diez y 22 años para los diez acusados. No obstante, la sentencia no quedó firme hasta que, en abril de 2017, la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, que recién entonces empezaron a cumplir la sentencia.
Los condenados
Daniela Milhein, acusada de mantener secuestrada a Marita en Tucumán, la cual recibió una condena de 18 años de prisión tras ser encontrada culpable de ser coautor responsable del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución en concurso ideal.
Alejandro González, acusado de ser partícipe necesario de la retención forzosa de Marita Verón y de someterla a la prostitución. Recibió una condena de 18 años de prisión tras ser encontrado culpable de ser coautor penalmente responsable del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución en concurso ideal.
Los hermanos José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez: condenados como partícipes necesarios de la retención forzosa de Marita y de someterla a la prostitución. Ambos recibieron una condena de 22 años de prisión tras ser encontrados culpables de ser coautores penalmente responsables del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución en concurso ideal.
Domingo Andrada: policía riojano acusado de buscar y llevar mujeres a los prostíbulos de “Liliana”. Recibió una condena de 17 años de prisión tras haber sido encontrado culpable de ser partícipe de la retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución en concurso ideal.
Carlos Alberto Luna: acusado de estar a cargo de los prostíbulos en La Rioja. Recibió una condena de 17 años de prisión como partícipe necesario de la retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución en concurso ideal.
Azucena Márquez: acusada de ser la encargada de los prostíbulos. Recibió una condena de 15 años de prisión tras ser encontrada culpable de partícipe necesario de la retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución en concurso ideal.
Humberto Derobertis: acusado de ser el encargado del prostíbulo “El Desafío” mientras Marita estaba retenida allí. Recibió una condena de 12 años de prisión luego de ser encontrado culpable de ser partícipe necesario de la retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución en concurso ideal.
Paola Gaitán: acusada de ser la encargada de los prostíbulos y de evitar que las mujeres fueran descubiertas. Recibió una condena de 10 años de prisión tras ser encontrada culpable de partícipe necesario de la retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución en concurso ideal.
Mariana Bustos: acusada de conocer y participar en el ocultamiento y la retención de Marita en La Rioja. Recibió una condena de 10 años de prisión.
Un caso que impacto la sociedad
El caso de Marita Verón impacto profundo en la sociedad argentina, ya que ha puesto en evidencia la existencia de redes de trata de personas y la corrupción y la ineficiencia de las autoridades policiales y judiciales.
También generó un movimiento de solidaridad y apoyo a la familia de Marita y a las víctimas de la trata de personas.
Por último, Trimarco creó una fundación que lleva el nombre de su hija, y ya ayudó a más de 100 chicas a salir de situaciones de trata.
Además, impulsó la creación de la ley 26.364 y su posterior modificación, la ley 26.842, sobre la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Hasta el presente, Susana y su nieta Micaela, de 23 años, continúan con su búsqueda.
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