El 20 de octubre de 2025, el Juzgado agregó en su resolución que, la imputada continuará en libertad, manteniéndose su estado actual.
La causa se inició a partir de dos denuncias presentadas en 2024 por el progenitor no conviviente (06/08 y 27/09), quien refirió obstáculos reiterados para ejercer el derecho de comunicación con su hija conforme a lo ordenado por la justicia civil.
Tras recibir declaración a la imputada y reunir la prueba documental e informativa pertinente, el juzgado valoró que existen elementos suficientes —con el estándar propio de esta etapa— para tener por configurada, con probabilidad, la conducta típica de obstrucción del contacto entre la niña y su padre no conviviente. La magistrada destacó que el fuero civil produjo abordajes interdisciplinarios y escuchas especializadas, sin que se acreditaran razones que justifiquen impedir el vínculo, y que se registraron intimaciones sucesivas para el cumplimiento del régimen.
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