Las recientes inundaciones en Bahía Blanca nos han recordado, una vez más, que las catástrofes naturales no solo dejan daños estructurales visibles, sino que también afectan elementos invisibles pero esenciales para la vida: el acceso al agua potable y el saneamiento, entre ellos. En cada desastre, ya sea una inundación en Argentina, un huracán en EE.UU. o un terremoto en Haití, la falta de agua segura es una de las principales causas de crisis sanitarias posteriores. Sin embargo, en la urgencia de la reconstrucción, este factor suele quedar relegado a un segundo plano. Es hora de cambiar esa perspectiva.
La experiencia internacional nos muestra que la recuperación efectiva de una ciudad tras una catástrofe no puede darse sin priorizar la restauración de sus sistemas de abastecimiento y saneamiento. En Puerto Príncipe, tras el terremoto de 2010, la falta de agua potable desató un brote de cólera que costó miles de vidas. En Beira, Mozambique, el ciclón Idai destruyó el 90% de la infraestructura hídrica, lo que agravó una crisis de salud pública. En Nueva Orleans, el huracán Katrina colapsó los sistemas de drenaje y alcantarillado, exponiendo a la población a aguas contaminadas durante semanas. A nivel local, tras las inundaciones en la ciudad de Santa Fe en 2003, se registró un brote de leptospirosis, una enfermedad transmitida por el contacto con agua contaminada por orina de roedores. Bahía Blanca no puede repetir estos errores.
Hace falta un plan
La reconstrucción de la ciudad debe incluir un plan integral que garantice un suministro de agua potable resiliente. Esto implica evaluar los daños en las plantas de tratamiento, mejorar la infraestructura de drenaje y saneamiento, y desarrollar planes de contingencia que permitan actuar con rapidez en futuras emergencias. Organizaciones como Operators Without Borders han demostrado en distintos países que una respuesta eficiente en este sector es tan vital como la entrega de alimentos y refugio.
Pero la discusión no debe limitarse a Bahía Blanca. En un país como Argentina, donde las amenazas climáticas van en aumento, es urgente incorporar el agua como eje central en los planes de prevención y respuesta a desastres. Las inundaciones en el Litoral, las sequías en Cuyo y el NOA, los terremotos en San Juan y Mendoza, y hasta eventuales maremotos en la costa atlántica, son escenarios que exigen infraestructuras hídricas resilientes y protocolos de acción bien diseñados. No se trata solo de reparar lo dañado, sino de anticiparse a las crisis futuras.
El concepto de solidaridad del agua, promovido a nivel global, nos recuerda que este recurso no es un bien aislado, sino un derecho fundamental y una responsabilidad compartida. Incluirlo como prioridad en la planificación urbana y en la respuesta a emergencias no es solo una cuestión de infraestructura, sino de salud pública, desarrollo económico y calidad de vida.
Las empresas de agua y organizaciones en Argentina podrían desarrollar un protocolo nacional de respuesta rápida, en lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua potable, ante catástrofes como las inundaciones de Bahía Blanca mediante la creación de un comité de emergencia hídrica que coordine acciones con gobiernos, fuerzas de seguridad y organismos de salud. En este sentido, la Cámara Argentina del Agua se propone trabajar esta iniciativa junto a las empresas de agua del país, incluyendo operadoras, empresas de agua envasada y otros actores clave del sector, para asegurar una estrategia integral y coordinada que refuerce la resiliencia hídrica ante futuras emergencias.
Bahía Blanca debe ser un punto de inflexión. Si la reconstrucción no pone al agua en el centro de las estrategias, no solo se repetirá la historia, sino que estaremos dejando a miles de personas vulnerables ante la próxima catástrofe. Argentina tiene hoy la oportunidad de aprender de las experiencias internacionales y de actuar con la visión de un futuro más seguro y sostenible. ¿Aprovecharemos la lección?
* Médico Sanitarista y CEO de la Cámara Argentina del Agua
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